Gobierno aprieta gasto estatal ante presión del petróleo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El Gobierno Nacional ordenó la racionalización del gasto público y un estricto control del consumo de combustible en todas las instituciones del Estado, como parte de una estrategia para hacer frente al impacto de la crisis energética global.
La medida fue oficializada mediante la Circular MEF-2026-19187 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual establece lineamientos obligatorios para los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos.
Entre las disposiciones más relevantes, se establece que el consumo de combustible deberá mantenerse dentro de los niveles presupuestados para 2026, quedando prohibidos aumentos mediante traslados de partidas.
Además, las instituciones deberán reportar semanalmente su consumo de combustible, como mecanismo de control y fiscalización del uso de recursos públicos.
No obstante, se contemplan excepciones para sectores clave como transporte público, seguridad y salud, los cuales estarán sujetos a monitoreo permanente.
Recorte de viajes y viáticos
La circular también impone restricciones a los viajes internacionales y viáticos, limitándolos únicamente a misiones consideradas críticas y que no puedan resolverse mediante herramientas digitales.
Se exceptúan aquellos viajes que sean financiados en su totalidad por organismos internacionales.
Cambios en la movilidad institucional
Como parte de las medidas de ahorro, el Gobierno promueve ajustes en la dinámica laboral del sector público, incluyendo:
Horarios escalonados desde las 7:00 a.m.
Uso compartido de vehículos oficiales
Reducción de misiones oficiales
Prioridad a reuniones virtuales
Incluso, se contempla la suspensión de vehículos no esenciales para el funcionamiento institucional.
Digitalización y ahorro operativo
El documento también impulsa la digitalización de procesos, fomentando el uso del correo electrónico, la tramitación en línea y la reducción del consumo de papel, con apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental.
De acuerdo con el MEF, estas acciones forman parte de una estrategia para mitigar el impacto del alza internacional del petróleo, garantizando la sostenibilidad fiscal del Estado sin afectar la continuidad de los servicios públicos.
La implementación de estas disposiciones será obligatoria para todas las entidades que administren fondos públicos, y podrán ajustarse conforme evolucione el contexto económico internacional.