Gobierno cancela personería jurídica a cooperativa del Suntracs por blanqueo y malversación
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El gobierno nacional, a través del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOP), anunció la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), por graves y reiteradas violaciones a la Ley 23 de prevención del blanqueo de capitales, así como por malversación de fondos y uso indebido de la estructura cooperativa.
En una conferencia de prensa celebrada en la Presidencia de la República, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y la directora ejecutiva del IPACOP, Erika Vargas, detallaron los hallazgos de una auditoría realizada a la cooperativa desde 2012, que evidenció prácticas financieras irregulares, falta de controles internos y el uso de la figura cooperativa para beneficio de empresas y terceros vinculados al sindicato, en detrimento de sus más de 2,400 asociados.
“Lo que nació como un organismo para proteger a los trabajadores se ha convertido en un instrumento que opera a escondidas. La dirigencia del Suntracs ha usado su cooperativa para favorecerse a costa del sudor de los obreros honestos», expresó Orillac.
El funcionario señaló además que existe una intención de desestabilización social e imposición ideológica mediante el uso político del sindicato y su estructura jurídica.
Por su parte, Vargas explicó que la cooperativa recibió más de ocho millones de dólares en capital del Suntracs a través de líneas de crédito, sin cumplir con los controles exigidos por la ley para prevenir el lavado de dinero.
Entre los hallazgos más graves mencionó:
Otorgamiento de préstamos a empresas y terceros relacionados con el sindicato, sin análisis de riesgo ni verificación de capacidad de pago.
Falta de reportes obligatorios a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte del oficial de cumplimiento.
“La cooperativa abandonó por completo los principios del movimiento cooperativo. No se trata de una acción contra el sistema cooperativo, sino para salvaguardar a sus asociados y mantener la confianza en este modelo de economía solidaria”, afirmó la directora del IPACOP.
La institución confirmó que ya ha remitido el expediente a la UAF para las investigaciones correspondientes y que se conformará una comisión liquidadora que se encargará de proteger los ahorros y los intereses de los socios.
El proceso contempla derecho a reconsideración, apelación y eventualmente una revisión en la Corte Suprema de Justicia.
Vargas precisó que la cooperativa manejaba alrededor de 8 millones de dólares y reiteró que la medida busca garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos de los asociados.
“Nadie está por encima de la ley”, concluyó la funcionaria, quien aseguró que el IPACOOP seguirá fiscalizando todas las cooperativas del país conforme a sus facultades legales.