Imputan cargos por peculado y blanqueo de capitales a Genaro López y Marco Andrade por presunto desvío de fondos del Seguro Educativo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El juez de garantías Fermín Bonilla imputó este sábado cargos por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales a los dirigentes sindicales de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Genaro López y Marco Andrade, durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio.
La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público expusiera los elementos de convicción recabados durante la investigación, relacionada con una presunta lesión patrimonial superior a los 750 mil balboas en perjuicio de fondos del Seguro Educativo destinados a la capacitación de trabajadores.
La investigación, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que los recursos correspondían al 2% del Seguro Educativo asignado a Conusi para financiar programas de formación académica, entre ellos diplomados, licenciaturas, maestrías, posgrados y doctorados dirigidos a trabajadores afiliados.
Según las pesquisas, los fondos, provenientes de aportes del sector público y privado, presuntamente no fueron utilizados en su totalidad para los fines establecidos por la ley, lo que dio origen a una auditoría cuyos hallazgos motivaron el inicio de la investigación penal.
Las diligencias incluyeron allanamientos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, autorizados por un juez de garantías, durante los cuales fueron aprehendidos Genaro López y el también dirigente sindical Jaime Caballero, además de recabarse diversos indicios relacionados con hechos que, de acuerdo con el Ministerio Público, habrían ocurrido entre los años 2019 y 2023.
Durante la audiencia de este sábado, el juez consideró que existían elementos suficientes para admitir la formulación de cargos contra López y Andrade por los delitos de peculado y blanqueo de capitales, dando paso a la siguiente fase del proceso penal.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la tesis de que parte de los recursos administrados por la organización sindical habrían sido desviados de su propósito original, por lo que continúa las investigaciones para establecer el destino de los fondos y determinar las responsabilidades penales que corresponda.