Inseguridad y corrupción nos ahogan
Por Zulay Rodríguez
Los medios de comunicación cumplen con una responsabilidad social, basada en la información de los hechos más importantes del acontecer nacional y uno de ellos lo lidera la espiral de violencia que azota a los panameños que viven constantemente en un estado de indefensión.
Mantener el discurso de la percepción y no aceptar la realidad de un país, prácticamente secuestrado por la delincuencia, al extremo de que las familias sienten temor de salir en las noches a disfrutar de una cena, de una película o de celebrar alguna fecha, significa vivir en otro país que no es Panamá.
Señor Presidente de la República, la ola delictiva se incrementa cada día, con nuevas modalidades, con un ingenio creativo que emerge de las nuevas herramientas tecnológicas, sin embargo, observamos a una Policía Nacional, rezagada y poco dispuesta a someter el desafío permanente del hampa que se ha tomado las calles.
Los últimos reportes de los medios de comunicación, dan cuenta de acciones delictivas en contra de dos magistradas del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de asaltos, secuestros y asesinatos de ciudadanos honestos cuyo pecado fue salir a trabajar para lograr el sustento de sus familiares.
Los discursos de transparencia e institucionalidad se ahogan, frente al crudo escenario de una nación que pide a gritos mayor seguridad y castigo ejemplar a todos los que cruzan los límites de la legalidad y que deben sufrir el escarnio de las sanciones penales que tengan lugar.
Escurrir el bulto, sosteniendo que la inseguridad del país es solo una percepción, la cual se suma a “algunos” medios de comunicación obsesionados, es irrespetar a todos los ciudadanos que confiaron en su propuesta de campaña de un mejor Panamá, del “Pueblo Primero”. Pero llegó la gran decepción.
“ Es muy fácil hablar de “percepción negativa”, cuando se goza de la seguridad del Estado, mientras el panameño de a pie es víctima del crimen”. Necesitamos una política de seguridad efectiva, porque el panameño no puede vivir secuestrado en sus hogares.
Alto costo de la vida
Otro de los aspectos que mantiene al ciudadano en un estado de preocupación, lo representa el alto costo de los alimentos, debido a una fallida política de Control de Precios que ha provocado una especulación salvaje, permitiendo que los restantes productos de la Canasta Básica Familiar se hayan disparado a precios muchas veces, inalcanzables para el consumidor.
A esto le agregamos la abusiva política de importación de productos agrícolas que se convierten en un golpe al hígado a los productores, que en plena cosecha son invadidos por mercadería a precios inferiores, obligándolos a vender con márgenes mínimos de ganancia.
Hasta el momento, la promesa de ayudar al hombre de campo, a los pequeños productores con préstamos y nueva tecnología, no ha sido más que promesas que se han perdido en el tiempo, gracias a los intereses de grandes sectores económicos que han impuesto la agenda en la política agropecuaria.
Transparencia y corrupción
Las alertas se activan cuando en materia de justicia, desde Brasil nos cuestionan por la falta de colaboración del Ministerio Público en el escándalo de corrupción denominado “Lava jato” y en el que se nos solicita información relativa a empresas de esa nación suramericana que presuntamente forman parte activa de estas acciones criminales.
Por qué la señora procuradora no coopera, a quién se está protegiendo para evitar que sea alcanzado por al brazo de la justicia?
La falta de transparencia en actos públicos millonarios en el Ministerio de Vivienda, en la Caja de Seguro Social, en el aeropuerto de Tocumen y la falta de disposición por parte de la Contraloría General de la República por investigar estas irregularidades, dejan en evidencia que estamos ante un gobierno que sacrifica el manejo correcto y pristino de los recursos del Estado por mejorar las arcas personales de varios personeros del gobierno. En otras palabras, más de lo mismo y aumentado.
La institucionalidad de un país se mide en función de una cultura de legalidad, en función de compromiso de sus servidores públicos que deben estar dispuestos a resolver los graves problemas nacionales de inseguridad, educación, vivienda, salud y respeto por los derechos humanos.
Cuando un gobierno se aleja del cumplimiento de sus promesas de campaña en favor del pueblo y apunta a otros intereses al margen de la realidad nacional, significa que ha perdido el rumbo, el compromiso y la pasión por atender las necesidades del pueblo que lo eligió.
El Gobierno de la República de Panamá no ha mostrado la disposición necesaria para llevarla tranquilidad y paz a los panameños, al contrario, ante la falta de respuestas, la gente se tira a las calles como medida de protesta, sin embargo, son brutalmente agredidos por los estamentos de seguridad.
El escenario es caótico y deprimente, aunque aún está a tiempo de reflexionar de manera que pueda dar un golpe de timón en la administración del Estado, enfocándose en las prioridades del pueblo, no en las oportunidades de negocios que sigilosamente se mueven en los pasillos de los ministerios y de otras entidades autónomas.