Juez de paz violó la Constitución al ordenar desalojo de Iglesia de Cerro Silvestre
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el acto de desalojo ordenado por el juez de paz de Cerro Silvestre, Distrito de Arraiján, en contra de la Iglesia El Renuevo, su pastor y toda la feligresía.
La acción había sido demandada ante la CSJ por el abogado José Antonio Moncada, luego que la congregación en plena culto fue blanco de bombas lacrímogenas disparadas por la Policía Nacional.
Durante esa acción, el pastor, su esposa y su hijo menor de edad fueron detenidos, frente a una muchedumbre y conducidos a la Casa de Paz en donde le impusieron 400 balboas de multa.
El día lunes fue conocida la decisión del Tribunal Constitucional que confirmó que el Juez de Paz de Cerro Silvestre violó la Constitución Política, tal como lo demandó el abogado Moncada.
Moncada dijo que junto a su equipo de abogados supo vencer a quienes deseaban destruir no solo una familia, sino toda una iglesia constituida en la comunidad de Bique, Panamá Oeste.
El pastor Luis Benítez luego de estar desde hace 16 años viviendo allí con el consentimiento de una distribuidora de automóviles, fue una víctima de un proceso completamente en su ausencia, señaló.
Según Moncada al parecer el juez de paz creyó que no era necesario notificar ni al demandado y que tampoco había que darle trámite al recurso de apelación presentado.
El juez se apersonó a la Iglesia y colocó 24 horas antes del lanzamiento un panfleto que decía Aviso de Lanzamiento, y que fue el único documento que descubrió las actuaciones inconstitucionales.
Las redes sociales recogieron momentos en que más de una decena de policías acudieron a la iglesia y disparando lacrimógenas contra la feligresía, bajo órdenes del juez de paz.
Moncada interpuso un amparo de garantías constitucionales ante el peligro de que empezaran a derribar las estructuras físicas tanto de la casa, la iglesia, un comedor gratuito que está allí en ese sitio y perecieran los animales que estaban en la granja.
Tras estos hechos el Órgano Judicial reconoció en primera y segunda instancia la inconstitucionalidad de las acciones del Juez de Cerro Silvestre.