Juicio Odebrecht bajo fuego: advierten proceso viciado y consecuencias históricas para la justicia
Abogados externos al caso advierten debilidades, fragilidades probatorias y posibles consecuencias históricas en el juicio Odebrecht
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Mientras el caso Odebrecht avanza en la lectura del auto de llamamiento a juicio, abogados que no forman parte del proceso ni representan a imputados observan con lupa el desarrollo de una audiencia que califican como determinante, frágil y cargada de implicaciones políticas, jurídicas e históricas.
Las opiniones, aunque distintas en enfoque, coinciden en un punto central: lo que ocurra en este juicio marcará a la justicia penal panameña por años, ya sea como precedente o como advertencia.
“Este proceso nació lleno de vicios”
Para el abogado Luis Fuentes Montenegro, el problema del caso Odebrecht no es reciente ni circunstancial, sino estructural y de origen.
“Creo que ese proceso nació lleno de vicios. So pretexto de aprovechar una coyuntura de lucha contra la corrupción, se dio pie a la instrumentalización jurídica penal para favorecer a unos y castigar a otros, siempre con una motivación política”.
Fuentes Montenegro evita evaluar directamente el desempeño de la jueza, pero deja claro que el rol que ha jugado dentro del sistema penal no fortalece a la institucionalidad.
“No soy quien para evaluar el trabajo de la jueza Baloisa Marquinez. La historia, más temprano que tarde, juzgará si sus actuaciones siguen o no en un rejuego de la política en la Justicia Penal”.
A su juicio, la falta de un contrainterrogatorio efectivo y las limitaciones en el desarrollo de pruebas clave hacen jurídicamente cuestionable el proceso.
“Si no hay un debido contrainterrogatorio, si las pruebas esenciales no pueden desarrollarse en debida forma, eso definitivamente hace el proceso cuestionable”.
El abogado pone especial énfasis en las pruebas provenientes del extranjero.
“En torno a pruebas procedentes de Brasil o de España, si falla el contrainterrogatorio, jurídicamente eso resta validez al proceso”.
Fuentes Montenegro advierte que el auto de llamamiento a juicio presenta “matices de selectividad con trasfondo político”, recordando el contexto regional y nacional en el que surgió el caso.
“Recordemos su origen, recordemos cómo fue el final en Brasil, recordemos los Varela Leaks. Son elementos que quizás en la órbita penal se ignoran adrede, pero tarde o temprano van a producir efectos contrarios”.
Según su análisis, las debilidades del proceso podrían revertirse contra la propia Fiscalía.
“Veo debilidades. Creo que esas debilidades van a producir un efecto boomerang negativo contra el Ministerio Público y no dará una buena nota a la Justicia Penal en Panamá”.
El abogado es categórico al afirmar que la justicia penal no puede convertirse en un instrumento de revancha política.
“Los procesos penales no son para el desquite o pase de factura entre políticos o grupos de poder coyuntural”.
Un juicio que puede sentar precedentes
Desde una mirada distinta, el abogado Marco Austin considera que, hasta ahora, el tribunal ha tratado de conducir el proceso de forma equilibrada.
“Veo que ya nos está tratando de conducir de la manera más equitativa posible. Tiene que darle oportunidad tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores para que hagan su trabajo”.
Austin recuerda que el peso del caso recae en la prueba presentada por la Fiscalía y en el derecho de la defensa a contradecirla.
“La Fiscalía tiene que probar que se cometió el hecho punible y los abogados tienen que defender a sus clientes, que la mayoría ha dicho que son inocentes”.
Destaca que gran parte de las pruebas provienen de procesos desarrollados en otros países, como Brasil y Estados Unidos.
“La mayoría de las pruebas se consiguieron a través de procesos hechos en otros países, donde los principales actores confesaron y eso está en los expedientes”.
Sin embargo, subraya que la defensa tiene pleno derecho a verificar y contradecir esos testimonios.
“La defensa tiene derecho a verificar que todo eso que supuestamente se hizo sea cierto”.
Austin explica que la lectura del auto de llamamiento a juicio es normal en este tipo de proceso, recordando que se trata de un sistema inquisitivo y no del sistema penal acusatorio.
“Este es uno de los últimos procesos que se van a llevar en ese sistema”.
Para el abogado, el caso puede redefinir cómo se juzgan los delitos financieros en el país
“Este juicio puede sentar un precedente con respecto a los delitos financieros en Panamá”.
Pruebas sólidas, pruebas frágiles y un camino largo
La abogada Nora Santa explica que la lectura del auto de llamamiento a juicio marca el momento en que queda definido quiénes irán efectivamente a juicio.
“Los que están allí ya son los que van a ir al juicio luego de esta lectura”.
Detalla que el proceso entra ahora en la evacuación de pruebas, primero por parte del Ministerio Público y luego por la defensa, bajo el principio de bilateralidad e igualdad procesal.
“Van a poder ser atacadas o contrarrestadas por la defensa”.
Santa advierte que, dada la magnitud del caso, no todas las imputaciones presentan la misma solidez.
“En algunos casos parecen sólidas, en otros pueden estar frágiles porque es un caso sumamente grande, tedioso y desgastante”.
La abogada subraya que el desenlace podría generar precedentes importantes en materia de corrupción, delitos financieros y blanqueo de capitales.
“Confiamos en que el fallo sea lo suficientemente contundente y consecuente con las pruebas”.
No obstante, recuerda que el camino judicial está lejos de terminar.
“Esto puede ir a apelación, puede ir a casación”.
Santa señala además que la capacidad económica de muchos de los procesados les permite sostener el litigio durante años.
“Las personas que están siendo juzgadas allí tienen el caudal económico para seguir peleando unos 10 años más”.
El caso Odebrecht es uno de los procesos de corrupción más emblemáticos y prolongados en la historia judicial de Panamá.
La investigación gira en torno a millones de dólares en sobornos repartidos por la constructora brasileña a cambio de contratos públicos, pagos que habrían sido canalizados mediante empresas, intermediarios y esquemas financieros complejos.
El expediente ha tomado varios años de investigación, con pruebas provenientes de Brasil, Estados Unidos y otros países, además de acuerdos de pena y delaciones premiadas.
Este miércoles, el proceso entra en su tercer día de audiencia, en una etapa clave que podría definir no solo el destino de los imputados, sino también la credibilidad del sistema de justicia panameño frente a los grandes casos de corrupción.