La factura judicial del gobierno de Cortizo: una radiografía de los exfuncionarios que quedaron bajo la lupa
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La salida del poder de Laurentino “Nito” Cortizo, el 30 de junio de 2024, no significó el final de los problemas para varios de los funcionarios que ocuparon posiciones estratégicas durante su administración.
Más de dos años después, una cadena de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, auditorías de la Contraloría, procesos ante el Tribunal de Cuentas y denuncias por posibles irregularidades han colocado bajo la lupa a exministros, exdirectores, exfuncionarios de alto nivel y hasta una exsecretaria general de la Contraloría.
El abanico incluye desde presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales hasta peculado, corrupción de servidores públicos y supuestas irregularidades en la administración de fondos y bienes estatales.
La situación más severa la enfrentan algunos de ellos: hay exfuncionarios en prisión preventiva y otros bajo arresto domiciliario, mientras varios tienen bienes y cuentas sometidos a medidas cautelares.
José Gabriel Carrizo: del Palacio de las Garzas a casa por cárcel
El caso políticamente más relevante es el de José Gabriel Carrizo, quien fue vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia durante buena parte del gobierno Cortizo.
Carrizo fue imputado en enero de 2026 por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
La investigación surgió de un informe de la Contraloría que llevó al secuestro de bienes y cuentas por hasta $1.3 millones. Posteriormente, una jueza de garantías le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El caso convirtió al antiguo hombre fuerte del gobierno Cortizo y excandidato presidencial en uno de los principales rostros del quinquenio anterior que debe responder ante la justicia por su patrimonio.
Bernardo Meneses: el caso de los auxilios económicos
Otro de los expedientes más voluminosos es el de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Meneses permanece en prisión preventiva desde julio de 2025. La investigación inicialmente estuvo relacionada con un supuesto enriquecimiento injustificado de $419,331, pero posteriormente se desarrollaron otros procesos por presunto peculado, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.
El expediente sobre los auxilios económicos concedidos entre 2021 y 2023 fue declarado causa compleja en junio de 2026, debido a la cantidad de hechos e imputados que deben ser investigados.
La Fiscalía investiga una posible lesión patrimonial que ha sido estimada en alrededor de $50 millones, cifra que posteriormente ha sido reportada en torno a $51.3 millones.
Meneses continúa detenido mientras avanza este proceso
Héctor Brands: Pandeportes bajo investigación
Héctor Brands, exdirector de Pandeportes y exdiputado del PRD, permanece detenido desde diciembre de 2025.
Brands fue imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales y un juez rechazó en mayo de 2026 su solicitud para cambiar la medida cautelar.
El expediente investiga movimientos financieros y patrimoniales relacionados con el periodo en que Brands ejerció funciones públicas y alcanza también a otras personas.
En abril de 2026, además, un juez declaró legal la aprehensión de bienes solicitada por el Ministerio Público dentro de esta investigación.
Luis Oliva: dos expedientes y ahora en prisión
Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), representa otro de los casos que se han complicado con el paso del tiempo.
Oliva enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, sustentada en una auditoría de la Contraloría que atribuye un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $937 mil. Por este expediente permanece detenido provisionalmente.
El exdirector de la AIG también está imputado en el expediente relacionado con Vale Digital y Listo Wallet, donde se investigan presuntos delitos de asociación ilícita, peculado y corrupción de servidores públicos.
La investigación examina el manejo de la plataforma utilizada para efectuar pagos de programas estatales durante la pandemia.
Publio De Gracia: otro gran golpe
La lista tuvo un nuevo integrante de peso hace apenas una semana.
Publio De Gracia, quien dirigió la Dirección General de Ingresos durante todo el gobierno Cortizo, fue aprehendido el 10 de agosto de 2026 durante la Operación Cuestor.
La Fiscalía lo investiga por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público atribuye preliminarmente un incremento patrimonial no justificado de $724,682 durante el período analizado.
La investigación produjo además el aseguramiento de bienes, cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama.
El 12 de agosto, un juez de garantías ordenó su detención provisional, mientras su esposa, Elaine Salteiro González, quedó sometida a medidas cautelares menos severas dentro del mismo expediente.
El caso tiene además una segunda arista: De Gracia aparece mencionado en las investigaciones sobre la DGI y la llamada Operación Pandora, aunque las autoridades han aclarado que ese expediente es diferente al que produjo su reciente detención.
Noriel Araúz: $1.3 millones bajo la lupa
Otro nombre que acaba de incorporarse al grupo de exfuncionarios privados de libertad es Noriel Araúz, quien dirigió la Autoridad Marítima de Panamá entre 2019 y 2024.
Una auditoría de la Contraloría detectó un presunto incremento patrimonial injustificado de aproximadamente $1.32 millones.
La Fiscalía abrió una investigación por presunto enriquecimiento injustificado agravado, y el exadministrador fue aprehendido en julio cuando regresaba al país.
Una jueza ordenó su detención provisional por riesgo de fuga y el Tribunal de Apelaciones confirmó posteriormente la medida por seis meses.
El expediente patrimonial es independiente de otras controversias que rodearon su gestión en la AMP, entre ellas la extensión de la concesión de Panama Ports Company.
Zenia Vásquez: la exsecretaria general de la Contraloría
En esta radiografía también debe aparecer Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante la administración de Gerardo Solís. Ocupó una posición de enorme importancia dentro de uno de los principales órganos de fiscalización del Estado durante el gobierno Cortizo.
Vásquez fue aprehendida en junio de 2026 e imputada por presunto enriquecimiento injustificado.
Una auditoría forense determinó, según la Fiscalía, un incremento patrimonial que no habría podido justificar por aproximadamente $771,137.
La jueza de garantías le impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y entrega del pasaporte.
El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó posteriormente la petición de la Fiscalía para sustituir esa medida por detención provisional y confirmó el arresto domiciliario.
Enrique Lau: la CSS también aparece en el mapa
Enrique Lau Cortés, quien dirigió la Caja de Seguro Social durante el gobierno Cortizo, enfrenta igualmente una investigación patrimonial.
La Contraloría ordenó el secuestro de bienes, cuentas, vehículos y créditos contra el Estado por hasta $2.9 millones.
La medida surgió de una auditoría forense relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de insumos médicos y medicamentos, incluyendo medicamentos vencidos, compras excesivas y movimientos de fondos de la CSS al Gobierno Central.
Lau no está en la misma situación procesal que Carrizo, Meneses, Oliva, Brands, Araúz o De Gracia.
En su caso, lo que tenemos documentado hasta ahora es una medida patrimonial dentro de una investigación, por lo que no debemos presentarlo como detenido o imputado si no existe una decisión judicial que así lo establezca.
Nadia Del Río: una de las figuras más cercanas a Nito y Gaby
Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, fue una de las funcionarias con mayor cercanía al círculo de poder del gobierno Cortizo-Carrizo.
Actualmente enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción.
Una auditoría de la Contraloría estableció una diferencia de aproximadamente $576,768.86 entre los ingresos que habría podido justificar y los recursos utilizados durante el periodo analizado.
La Contraloría también ordenó medidas precautorias sobre bienes de Del Río.
La exfuncionaria ha rechazado los señalamientos, ha denunciado una supuesta persecución y acudió incluso a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar las actuaciones de la Contraloría.
En julio de 2026, además, la Contraloría remitió formalmente al Ministerio Público una denuncia penal relacionada con su actuación como directora ejecutiva.
Maritza Ureña: otra pieza de la DGI
Maritza Ureña, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos, también aparece en el nuevo paquete de denuncias penales remitidas por la Contraloría.
El informe de auditoría relacionado con Ureña fue concluido el 29 de junio de 2026 y la denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público el 2 de julio.
La Contraloría identificó el expediente como relacionado con actuaciones de Ureña durante el ejercicio de su cargo como subdirectora de la DGI.
Por ahora, este caso debe clasificarse como denuncia derivada de auditoría, no como una imputación o condena.
Rafael Sabonge: el Cuarto Puente
En el caso de Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas, el expediente es diferente.
El Ministerio Público admitió una querella penal presentada por el actual MOP por presunta negligencia administrativa relacionada con el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.
La denuncia señala un posible impacto económico superior a $1,840 millones, relacionado con modificaciones al proyecto, adendas y condiciones financieras.
En septiembre de 2025, fiscales realizaron diligencias en el MOP y el Banco Nacional para obtener información vinculada al expediente.
Aquí también hay que ser precisos: Sabonge no está detenido ni debemos presentarlo como imputado si esa condición no ha sido decretada. Lo correcto es decir que aparece dentro de una investigación por presuntas irregularidades administrativas.
La verdadera magnitud de la factura solo podrá conocerse cuando los procesos concluyan y se determine judicialmente qué ocurrió con los recursos públicos.
Por ahora, lo que sí muestra esta radiografía es un hecho difícil de ignorar: varios de los funcionarios que ocuparon posiciones estratégicas durante el quinquenio 2019-2024 han terminado, dos años después de abandonar el poder, frente a investigaciones que van desde incrementos patrimoniales presuntamente injustificados hasta posibles irregularidades en el manejo de decenas de millones de dólares del Estado.
Y el capítulo todavía está abierto, porque la noticia sigue en desarrollo.