La falta de cobertura de seguridad  social seguirá generando pobreza en el país, urge la transformación del sistema

Redacción La Verdad Panamá

El informe de la OIT abre paso a la toma de decisiones para implementar un nuevo sistema de pensiones solidaria  y suficiente, asegura el economista Felipe Argote.

A  su parecer  uno de los aspectos más importantes que se señaló en el informe es el agotamiento de la reserva del programa en el año 2024 y explicó que el sistema solidario se cerró en el año 2007, por lo que evidentemente debía agotarse en un punto al no tener más entrada de cotizantes.

“El dinero que muchos seguimos poniendo, es consumido por los que ya tienen 10 a 20 años de jubilación pero detrás de nosotros no hay nadie porque los trabajadores que entran van al sistema mixto”.

Se afirma que el problema radica en que el gobierno no hizo el costo de transición, es decir, preparar  un fondo, asimismo el estudio señala que del sistema mixto, los jubilados del 2027 tendrán pensiones muy bajas y por debajo del mínimo que recomiendan los acuerdos de la OIT (40% del salario) lo que generaría a la larga que gran cantidad de trabajadores no paguen seguro “nadie va a estar pagando seguro para al final recibir alrededor del 10% de su salario”, manifestó.

El profesor de economía y miembro de APEDE, explicó en su blog que el informe demuestra que la tasa de  cobertura se ha ido reduciendo con el tiempo en lugar de elevarse que es la lógica de un país en crecimiento como el nuestro. Pasa  de 68.68% en 2001 a 59% en 2019 justo antes de la pandemia por debajo de Cuba, Uruguay, Costa Rica, Chile y hasta Brasil.

Sobre la cobertura  contributiva, mientras en las áreas  urbanas  es de  57%  en el área  rural  llega apenas el 25%. El informe es  contundente  al afirmar  que la falta de  cobertura de seguridad  social es  generadora  de pobreza y la pobreza  a su vez actúa  como  una  barrera estructural  para la extensión de la seguridad social como es  el caso de las comarcas, señala Argote  en  su blog.

“Un elemento comparativo es  que en Panamá  el 72% de las personas  con edad  por encima de la jubilación reciben algún  tipo de pensión por baja que sea por debajo de Bolivía, México, Uruguay, Brasil, Argentina y similar a  Chile”.

En esta misma dirección, afirma Felipe Argote que una de las muestras de que el documento de la OIT no es ni de cerca similar a  los estudios actuariales tanto de la Junta Técnica  como  de la Caja de  Seguro Social es  por su referencia a la pobreza, la mala  distribución  como  elemento que afecta negativamente  el sistema de pensiones, pues  en los estudios  actuariales este elemento los tiene sin cuidado.

Para  ellos solo prima  que  cada uno  recibe lo que puso más los intereses  individuales,  sin tomar  en cuenta los activos  que dejó al país esa generación ni que los  adultos mayores  disfruten de su aporte con una  vida  digna.

Argote explica que el informe presentado da un diagnóstico donde aseguran que la ley 51 fue un error y dan la información suficiente para que Panamá tome decisiones sobre las diferentes problemáticas, además de resaltar que los dos sistemas de pensiones tienen fallas y ambos sistemas deben ser reformulados.

Señala  que gremios sindicales, empresarios y demás que alegan que este informe aborda cosas que “ya se sabían” da a entender que no han profundizado en lo importante de tal informe y no comprenden lo imperativo del mismo.

Según Argote este informe es lo que la CSS necesitaba al ser una herramienta con información veraz y muy diferente a lo que los actuarios habían presentado.

El informe está muy bien estructurado además de dar propuesta de metodología para poder asumir el sistema de pensiones, son claros en que esto no es un problema técnico sino que se trata de qué tipo de pensiones el país quiere, por ello recomiendan que se tome el criterio de que la jubilación debe ser solidaria, universal y suficiente, manifestó.

Argote también resaltó que el tema de la informalidad debe ser tratado y buscar mecanismos para fomentar la formalidad en los empleos ya que de lo contrario esta reduciría la cantidad de gente que tiene  derecho a jubilación, convirtiéndose en una carga posteriormente.