LA IMPUNIDAD Y SUS EFECTOS

Por Isabel Atencio

Cuando un funcionario público de alta jerarquía despide a un colaborador, sin razón alguna, salvo que es de otro partido o necesitaba ese puesto para nombrar un amigo o copartidario, ocasiona graves daños al país, siempre que el nuevo funcionario no tenga las competencias necesarias para realizar su trabajo con eficiencia y efectividad que demandan los usuarios.

Se comenten errores en los procesos que se traducen en pérdidas de tiempo y respuestas tardías en los trámites, lo cual tiene un costo económico cuantificable, sin incluir las incomodidades y otros costos de difícil medición.

Por otro lado, el funcionario despedido deja sin sustento a su familia y en muchas ocasiones pueden perder su hogar, su auto o cualquier bien que haya adquirido a crédito, afectando su calidad de vida.

Cuando además, estos funcionarios despedidos demandan y prueban que fueron despedidos injustificadamente, ello ocasiona importantes erogaciones del presupuesto público, donde se pagan salarios caídos por años y las costas legales que el conflicto conlleva.

Pero esta decisión no tiene impacto alguno en el funcionario que ocasionó el daño.

Conozco un caso reciente en que un funcionario de ANATI, en complicidad de algunas personas inescrupulosas se dedicó por muchos años a otorgar derechos posesorios y títulos a personas no eran los legítimos dueños. Ello ha implicado costos legales por años, que han tenido que ser asumidos por las personas afectadas.

En casos como los mencionados y muchos otros que ustedes conocen, es la sociedad, quien paga en casos en que se afecte debido al mal funcionamiento de la justicia.

Existen casos de funcionarios públicos despedidos en que se ha tenido que pagar hasta medio millón de dólares en salarios caídos más el reintegro. Pero quienes actuaron mal, ni siquiera se les impide ser funcionarios públicos nuevamente.

Es la impunidad que promueve los delitos y la malversación de los escasos recursos presupuestarios. ¿Hasta cuándo?