Ley de extinción de dominio podría utilizarse como instrumento de persecución política
Ashley Powell/ La Verdad Panamá
La ley de Extinción de dominio sigue generando debate. Mientras el jurista Luis Fuentes Montenegro opina que antes de una ley como esta, hay que hacer una depuración de los estamentos de seguridad, el abogado Moisés Bartlett sostiene que se necesita supervisar y fiscalizar la actuación de los mismos.
Bartlett explicó que se ha improvisado en materia de Seguridad Pública, y lo que el país requiere son dos elementos fundamentales; primero, un plan de Seguridad Pública integral, conocido por la sociedad para que sea respaldado. Segundo, el cumplimiento y aplicación de las Leyes vigentes lo cual pasa por la correcta administración de justicia.
Es importante la fiscalización de los estamentos de seguridad que han sido infiltrados por la delincuencia organizada, argumentó Moisés Bartlett, al tiempo que advirtió que la ley podría ser utilizada como instrumento de intimidación y persecución política.
Fuentes Montenegro es del criterio de que esta propuesta debe seguir siendo objeto de estudio y de profundo análisis, ya que en los países donde se ha establecido como ley, no ha acabado con la delincuencia organizada, con el lavado de dinero, ni con los delincuentes.
Sin embargo, que exista como tema de análisis actual hasta allí bien, pues responde a una preocupación válida por combatir el crimen, pero es una opción “faciloide”, sin sopesar que en Panamá las leyes desde hace años se violan por quienes ejercen jefaturas.
“En Panamá somos un país institucionalmente frágil, y esa ley puede convertirse así de fácil en un instrumento de manipulación no solo políticamente, sino con personas que ejercen poder y cargos para afectar a otras”, indicó Luis Fuentes.
El proyecto de extinción de dominio tiene como objetivo crear y desarrollar un marco normativo como instituto jurídico, contra los bienes de origen o destinación ilícita, a fin de que sean recuperados a favor del Estado, ya que con esto se constituye un mecanismo de generación de ingresos, no sólo para financiar la represión y prevención contra la criminalidad, sino también para resarcir el daño que este flagelo causa a la sociedad, otorgándole en consecuencia una función social.
Tiene como propósito atacar de manera frontal, y debilitar el musculo financiero de aquellas organizaciones criminales, que por medio de empresas o negocios han hecho fortunas y que no puedan justificar.