Liquidación del gerente de Etesa por 250 mil dólares es un acto de corrupción para hacerse de fondos públicos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá Panamá
El actual director general de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Carlos Mosquera Castillo, ha solicitado el pago de un cuarto de millón de dólares, un trámite que sigue su curso en la Contraloría General de la República, una especie de autoliquidación que solicitó y que según el abogado Miguel Antonio Bernal es un acto de corrupción para hacerse de dineros públicos.
Esta solicitud capta la atención pública y suscita interrogantes de la ciudadanía que a través de redes sociales han señalado toda clase de críticas a la actual administración.
La petición de un cuarto de millón de dólares ante la Contraloría General de la República plantea serias dudas sobre la transparencia y el debido proceso en las entidades estatales, destacó Bernal.
Este evento no solo despierta la curiosidad por sus cifras sino que, además, levanta cuestionamientos sobre las prácticas de gestión de fondos públicos en un momento crítico de transición gubernamental.
La solicitud realizada por Mosquera Castillo, que asciende a la suma de B/. 249,195.96, ha sido interpretada por algunos sectores como un acto de corrupción que busca beneficiarse de dineros públicos en los umbrales de un cambio de gobierno.
Esta acción, iniciada el 18 de junio de 2024, justo doce días antes del término de la actual administración, se ha procesado con aparente complacencia por parte de las autoridades competentes, denunció el jurista.
El abogado Bernal, ha sido una de las voces más críticas frente a esta solicitud, denunciando la misma como un acto de corrupción y señalando la posible complicidad entre altos funcionarios.
La figura de Solís ha sido específicamente mencionada, sugiriendo un grado de apadrinamiento y una falta de diligencia en la supervisión de este tipo de procesos, cuya legalidad y moralidad son cuestionables.
Este episodio no solo ha puesto en duda la solicitud de Mosquera Castillo, sino también la postura y acciones del Contralor General de la República, Gerardo Solís, quien ha sido acusado de dar su aval a esta y otras acciones controversiales.
La reacción de Bernal resalta una preocupante normalización de la corrupción y el abuso de poder, donde la impunidad parece prevalecer por encima de la rendición de cuentas y el interés público.
La lucha contra la corrupción, así como la reducción de la impunidad, requiere de una serie de acciones concertadas, en las que el compromiso ciudadano y la exigencia de responsabilidades a las autoridades juegan un papel crucial, dijo el también catedrático universitario.
Señaló que existe la necesidad de una investigación profunda, así como también la urgencia de establecer prácticas más transparentes y mecanismos de rendición de cuentas más eficaces.
Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá el SITIESPA, en nota dirigida al Sr. Contralor, Gerardo Solís se le informó que ningún trabajador de «confianza» que no haya pagado desde el inicio las cuotas sindicales, no puede beneficiarse del Convenio Colectivo en su cláusula 81 sobre desvinculación (Mutuo Acuerdo). El Gerente General no paga la cuota sindical, en consecuencia si el «Mutuo Acuerdo» que se tramita en Contraloría es en base al Convenio Colectivo, no es procedente, toda vez que no cumple con la ley.
Anoche el presidente electo ya le había solicitado al Contralor General de la República que no refrendar la liquidación por mutuo acuerdo de 250 mil dólares en beneficio del gerente general de Etesa.