Los beneficios por 375 millones de dólares no justifican los incalculables daños ambientales de la minería abierta
Los 190 millones de dólares no resuelven el problema de déficit del programa del IVM
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El economista y ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, tildó de retórica vacía el anuncio del presidente Laurentino Cortizo sobre los fondos de la minería que destinaría al programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), y dijo que lo que busca el mandatario es justificar la nociva actividad a cielo abierto.
Jované sostuvo que la minería a cielo abierto implica importantes y significativos daños ambientales y humanos y el costo de los mismos son prácticamente permanentes e incalculables, ya que son inconmensurables en términos monetarios.
El también catedrático universitario recordó el caso de los impactos que afectan la salud humana, generan muertes, impactan negativamente la biodiversidad o implican la contaminación del agua y del aire.
“Plantear que el Contrato Minero acordado genera una especie de beneficio neto de aproximadamente 375 millones de dólares, no solo es desacertado, también es una forma de encubrir los elevados costos ambientales”, sostuvo.
Explicó que el hecho de que se vaya a destinar el 50 % de los ingresos al programa de IVM significa que a este programa se entregarán anualmente 187.50 millones de dólares y no 190.00 millones como señaló el presidente.
“Se trata de una suma que el gobierno podría triplicar sin dañar el medio ambiente si tan solo tuviera la voluntad política de eliminar el 9.4% de la evasión fiscal anual que realiza el sector corporativo de la economía”, recomendó.
La insuficiencia de la medida gubernamental queda clara si se tiene en cuenta que solo este año el uso de reservas de la Caja de Seguro Social, necesario para financiar el déficit es de 420.53 millones, números rojos que seguirán creciendo en el tiempo dada la negativa del gobierno de volver al sistema solidario y generar las condiciones necesarias para su sostenibilidad, aseguró Jované.
El exdirector de la CSS añadió que el hecho de que no se plantee ningún aporte para los programas de salud, a sabiendas que la actividad minera va a generar enfermedades costosas, simplemente llama la atención sobre una situación en la que el Programa de Enfermedad y Maternidad probablemente tendrá que gastar una suma similar o mayor en la atención de salud.
En tanto el Presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, Donaldo Sousa dijo que más 350 mil panameños expertos en la materia han hablado del daño que provoca la minería a cielo abierto, pero “cuatro gatos” del gobierno insisten en permitir esta actividad.
Sousa dijo que presentarán querellas internacionales, porque el Ministerio Público no contesta las denuncias locales interpuestas, porque son títeres del Ejecutivo.
El dirigente calificó de extorsión cruzada y de una vergüenza, utilizar los recursos de la mina para becas, carreteras y para fortalecer los fondos de la CSS, porque en este país hay mucho dinero, refiriéndose a los millones de dólares que genera el Canal de Panamá y que debieran disponerse un porcentaje para la primera institución de seguridad social.
Sousa calificó de un anuncio clientelista y toda una farsa el anuncio del presidente Laurentino Cortizo. “Son criminales ambientalistas y van a hacer un daño irreparable y así la historia lo juzgará.