Ministerio Público entra a investigar contrato adjudicado para almacenamiento y distribución de medicamentos por 168 millones
El Ministerio Público abrió una investigación de oficio, a través de la Fiscalía Anticorrupción de Atención Primaria, por supuestas irregularidades relacionadas con la adjudicación al Consorcio Salud en Control, miembro de Intercontinental de Medicamentos, para el servicio de actualización, implementación e integración de los procesos de almacenamiento y dispensación final de medicamentos a nivel nacional para la Caja de Seguro Social (CSS).
El costo de la contratación, la cual es objeto de investigación, es de 168 millones de balboas, siendo este medio digital, La Verdad Panamá y Panamá Hoy, los que activaron la alarma de este contrato, cuyo precio de referencia era de 200 millones de dólares, que para conocedores de la materia, era un precio muy elevado, máxime que es un proyecto que fue iniciado por la administración del presidente Ricardo Martinelli, con Guillermo Sáez – Llorens como director de la Caja de Seguro Social.
A pesar de las irregularidades, el director de la Caja de Seguro Social adjudicó el contrato al Consorcio Salud en Control, miembro de Intercontinental de Medicamentos.
En contravía a esta Resolución de adjudicación No. DNC-107-2020-D.G. firmada por el director general de la Caja Enrique Lau, la Contraloría General de la República colgó en su cuenta de twitter lo siguiente: «La Contraloría informa que a la fecha, no ha recibido ni refrendado ningún expediente referente a la licitación por mejor valor convocada por la CSS para actualización, implementación e integración de procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos».
Por su parte, el 11 de abril el presidente Nito Cortizo, a través de su cuenta de twitter ya había anunciado la suspensión del contrato cuando señaló: “Después de analizados los informes recibidos, instruí a la Caja de Seguro Social suspender la contratación prevista hasta superada la crisis del COVID-19, tiempo en el cual se deberán sustentar las posibles acciones para hacer frente a las demandas de los panameños”.
La empresa Intercontinental de Medicamentos es señalada por supuestos actos de corrupción y defraudación fiscal al gobierno mexicano y fue vetada por el presidente de este país.
Medios mexicanos informaron de supuestas irregularidades de la empresa, entre ellas; registros de depósitos por 667 millones de pesos y retiros por 666 millones de pesos, aportaciones de los gobiernos estatales de Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Guajaca y Tamaulipas por 7 mil 083 millones de pesos y a partir de ahí, transferencias internacionales por 3.8 millones de dólares principalmente a los Estados Unidos.
Se conoció también que la empresa, a pesar de haber ganado por adjudicación directa 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas fiscales por 410 millones. “Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero, la única explicación posible es una defraudación de naturaleza fiscal, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa y evidentemente una falta de compromiso con el sector salud”, se afirmó en la conferencia de prensa.