Moisés Bartlett alerta sobre colapso institucional y exige una reforma profunda del Estado para rescatar la justicia
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Moisés Bartlett presentó un severo diagnóstico sobre el estado de la administración de justicia en Panamá durante 2025, al advertir que el país atraviesa un proceso de deterioro institucional que limita cualquier intento serio de construir una visión nacional con un verdadero proyecto de país.
Bartlett sostuvo que el análisis del sistema de justicia no puede hacerse de forma aislada ni reducida a cifras o percepciones coyunturales, sino que debe abordarse desde una perspectiva estructural. A su juicio, la crisis de la justicia es una consecuencia directa de la debilidad institucional general del Estado panameño.
“El Ejecutivo dirige obras, relaciones internacionales y la gestión gubernamental; la Corte Suprema administra justicia; el Órgano Legislativo cumple funciones constitucionales; y dentro del sistema judicial, la Procuraduría General de la Nación ejerce la acción penal. Sin embargo, todas estas instituciones requieren una actualización profunda dentro de una visión de país”, planteó.
Constituyente como salida, pero con carácter nacional
Ante este escenario, Bartlett afirmó que es válido y necesario plantear una reforma del Estado a través de una Asamblea Constituyente, como mecanismo para corregir distorsiones acumuladas en el funcionamiento institucional. No obstante, expresó preocupación por la forma en que el debate ha sido abordado.
“Me inquieta que la Constituyente se visualice como un proyecto impulsado por figuras individuales o constitucionalistas reconocidos, y no como un verdadero esfuerzo nacional”, indicó, cuestionando cuántas iniciativas reales existen actualmente para construir ese consenso país que una reforma de esta magnitud requiere.
Impacto directo en la administración de justicia
El jurista explicó que esta falencia institucional impacta de manera directa tanto en la administración de justicia como en la Procuraduría General de la Nación. Reconoció que durante 2025 ambas instancias han realizado esfuerzos, pero insistió en que estos deben ser evaluados con mayor profundidad y sin complacencias.
En ese sentido, consideró indispensable que el Ministerio Público cuente con un plan de gestión integral y una estrategia clara de investigación penal, orientada no solo a resultados inmediatos, sino a la construcción de casos sólidos desde el punto de vista probatorio.
“El principal reto del Ministerio Público para 2026 es organizar su cuerpo de fiscales bajo una gestión estratégica que permita el acopio de pruebas relevantes y el desarrollo de investigaciones objetivas”, puntualizó.
Aseguró además que para el próximo año es necesaria la implementacion de.la Carrera Judicial plan que debe ser.parte de los objetivos del 2026.
Independencia judicial y democracia en tensión
Bartlett también abordó el tema de la independencia judicial real, que debe analizarse dentro de un contexto más amplio de deterioro del sistema democrático. Recordó que la democracia no es estática, sino perfectible, y que los sistemas presidenciales, tanto en Panamá como en Estados Unidos, evidencian una influencia creciente del Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado.
“Lo que sucede en la administración de justicia y en las investigaciones penales impacta directamente la gestión de gobierno”, señaló, recordando que la Constitución establece una relación armónica y de coordinación entre los órganos del Estado, pero sin que ello implique subordinación.
A su juicio, Panamá debe revisar con seriedad la influencia de factores externos dentro de la administración de justicia, si realmente se aspira a una independencia judicial efectiva y no meramente declarativa.
Déficit histórico en la investigación penal
Uno de los señalamientos más críticos de Bartlett se centró en la capacidad investigativa del Ministerio Público, que calificó como un problema estructural de larga data. Mencionó la falta de recursos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, situación que limita la especialización permanente y la capacitación de los auxiliares de la investigación penal.
Asimismo, cuestionó el debilitamiento de la Policía Técnica Judicial, que dejó de operar como un ente especializado para convertirse en una sección de la Policía Nacional, afectando, según dijo el profesionalismo y el desarrollo de capacidades técnicas del primer interviniente en las investigaciones.
Este déficit se hace especialmente visible en los delitos financieros, donde la acreditación del delito requiere personal altamente especializado. “No basta con policías que hayan tomado cursos o capacitaciones; se necesita idoneidad técnica real para este tipo de investigaciones”, advirtió.
Reestructuración urgente del Ministerio Público
Ante este panorama, Bartlett planteó la urgente necesidad de revisar y reestructurar los auxiliares del Ministerio Público, incluyendo la posibilidad de devolver la investigación penal a un cuerpo técnico especializado, como ocurre en otros países.
Sostuvo que la eficacia del Ministerio Público no depende únicamente del procurador general ni del trabajo individual de los fiscales, sino de la estructura institucional que respalda la investigación penal.
“La Procuraduría General no debe medirse solo por el número de condenas obtenidas, sino también por la calidad de sus investigaciones, incluso cuando estas determinen la falta de vinculación, la ausencia de pruebas suficientes o la inocencia de un ciudadano”, enfatizó.
Bartlett concluyó señalando que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de desarrollar investigaciones objetivas, más allá de la presión de la opinión pública, porque la justicia no solo debe castigar cuando corresponde, sino también ofrecer certeza jurídica y garantías al ciudadano.