“No es una francachela como antes”: Flores y Chapman responden que transferencias fueron legales
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
En medio del escrutinio público por las transferencias realizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a diversas juntas comunales y municipios, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor general de la República, Anel Flores, salieron al paso este jueves con una explicación conjunta: los aportes son legales, están sustentados en normativa vigente y según ambos están muy lejos de los abusos registrados en gobiernos anteriores.
Chapman abrió la exposición con un mensaje directo: “Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas. Los mecanismos de nuestra democracia funcionan cuando se actúa con la verdad y buscando el bien común”.
El ministro recordó que la Constitución y la Ley 106 de 1973 obligan al Estado a complementar la gestión municipal cuando sus recursos sean insuficientes, mientras que la Ley 37 de 2009 asigna al MEF la responsabilidad de garantizar transferencias corrientes para que los municipios mantengan su estructura administrativa y asuman nuevas competencias.
Un mecanismo histórico, pero reducido al mínimo
Chapman destacó que, al analizar más de 10 años de historia, se evidencia una reducción del 96% en estos aportes bajo la actual administración.
— En 2013 se transfirieron B/.196.3 millones
— En 2015, B/.88.4 millones
— En 2023, B/.145 millones
El promedio histórico: B/.143 millones.
En contraste, el MEF ejecutó:
— B/.6.9 millones en 2024
— B/.4.69 millones en 2025
“Estamos hablando de una fracción de lo que se hacía en el pasado. No lo hemos eliminado del todo, pero sí reducido en un 96%. Es una cifra impactante”, subrayó.
Chapman enfatizó, además, que el MEF no define el uso final de los fondos: “Los municipios lo solicitan, se evalúan las peticiones y continúan el proceso. Son los consejos municipales quienes deciden, lo documentan en actas y lo publican en Gaceta Oficial”.
Agregó que el ministerio ha pedido apoyo adicional a la Contraloría para fortalecer controles, trazabilidad y la divulgación de información presupuestaria.
Contralor Flores: “Aquí no se está ocultando nada”
Por su parte, el contralor Anel Flores lanzó un mensaje sin titubeos: “Se ha dicho mucho en los últimos días. Lo que afirma el ministro esa reducción del 96%, es algo que hay que anotar. Esto no es una francachela como en los años anteriores, especialmente en el año electoral”, afirmó.
Flores aseguró que las transferencias son legales y que la institución ya inició un paquete de auditorías para verificar su uso.
“Aquí no se está ocultando ninguna información. Si estuviera oculto, no se hubieran dado cuenta”, ironizó.
Y, en tono más punzante, disparó contra los diputados que han criticado el mecanismo:
“Muchos que hoy señalan estas transferencias son los mismos que me están pidiendo prórrogas porque no han podido rendir cuentas. Como dicen en mi pueblo: están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
Flores adelantó que si las auditorías confirman abusos o uso político de fondos, los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público.
Chapman: “El MEF no audita, la ley es clara”
Consultado sobre la fiscalización previa a estas transferencias, Chapman fue categórico:
“El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene la facultad constitucional ni legal para hacer auditorías. Eso corresponde exclusivamente a la Contraloría”.
Aseguró que toda transferencia está “debidamente normada”, pero admitió que el proceso es perfectible:
“Los señalamientos responsables han permitido enfocar la atención en mejorar. Si algún municipio desvió fondos, compartimos la preocupación ciudadana”.
Añadió que el Gobierno aspira a que estos recursos se destinen exclusivamente a inversiones prioritarias como agua potable, caminos, acueductos y otras infraestructuras esenciales.
Municipios sin criterios modernos: una práctica que “siempre se hizo así”
Sobre cómo se decide aprobar o rechazar una solicitud municipal, el ministro confesó que al llegar al cargo se sorprendió al descubrir que las asignaciones históricamente se hacían sin criterios técnicos.
“La respuesta típica en Panamá era: ‘se hace así porque siempre se ha hecho así’. Eso no es aceptable”.
Chapman dijo que el MEF ya presentó a la Asamblea Nacional un documento de 16 páginas con recomendaciones para reformar la Ley de Descentralización, incluyendo el uso del Índice de Pobreza Multidimensional para clasificar corregimientos y asignar recursos de forma científica.
Compromiso final
El ministro cerró con un mensaje de propósito institucional
“Nuestra obligación es cuidar los recursos públicos y proteger la credibilidad de las instituciones. Escuchar, analizar y corregir es parte esencial de la democracia”.
Mientras tanto, la Contraloría promete auditorías “con la misma rigurosidad de siempre”.
La lupa está sobre los municipios y sus juntas comunales. Y, como siempre, Panamá observa.


