No hay un mecanismo eficaz para recuperar bienes mal habidos, extinción de dominio es la alternativa
Ashley Powell / La Verdad Panamá
El presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee afirmó que la ley de extinción de dominio es considerada una medida que, de aprobarse sería una manera de reparar los daños o lesiones patrimoniales que ha podido sufrir el Estado cuando se trata de delitos de corrupción.
Esta medida puede servir para prevenir actos ilícitos ya que los bienes producto de la corrupción serían expropiados, expresó Lee.
A su vez confirmó que es una manera de que los delincuentes no sientan atractivo para cometer delitos y se pueda restituir los daños causados a la sociedad en general o a particulares víctimas de delitos. Hasta ahora no había un mecanismo ágil y eficaz para recuperar bienes mal adquiridos.
Por otra parte, señaló que la misma tiene como finalidad sancionar a quienes han adquirido bienes producto de actos ilícitos y consiste en eliminar el derecho de propiedad sobre todos los bienes de quien resulte culpable o responsable de un delito de corrupción.
Otros abogados consultados señalaron que ya el Código Penal establece que todo lo obtenido ilícitamente e injustificadamente es objeto de decomiso, siempre y cuando el investigado sea condenado.
“Pero si seguimos con malas investigaciones, cómo hacer para el decomiso. Los bienes y raíces, los bancos y las distribuidoras de autos con los más beneficiados con la plata mal habida”, dijo un jurista.
Otro abogado penalista expresó que el referido proyecto sería bueno si se empieza a auditar lo pasado, lo presente y lo futuro en lo que respecta a los policías y poderes económicos. Que se aplique retroactivo para todos los que no puedan justificas sus bienes.
La propuesta de Extinción de Dominio intenta convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la distensión de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.