No hay una decisión final: cierre ordenado, sin costo para el Estado y con fecha definitiva: la propuesta que recibe Mulino sobre Cobre Panamá
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Comisión Interministerial que analizó durante tres meses la situación de Cobre Panamá recomendó al presidente José Raúl Mulino avanzar hacia un cierre ordenado y definitivo del sitio minero de Donoso, financiado con recursos generados por la propia operación y bajo estrictos controles ambientales, económicos y sociales, pero el mandatario dejó claro que todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de la mina.
El informe final fue entregado este miércoles por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes expusieron ante Mulino los principales resultados del análisis realizado sobre el sitio, sus efectos económicos y sociales, las condiciones ambientales y las alternativas disponibles para el Estado.
Moltó explicó que la comisión recibió de Mulino el mandato de evaluar los resultados de la auditoría integral, identificar las opciones disponibles y recomendar el camino que, a juicio del equipo, mejor protegiera el interés nacional.
El ministro de Comercio e Industrias sostuvo que uno de los principales problemas que existía antes de iniciar este proceso era la falta de evidencia técnica suficiente para tomar una decisión sobre la mina.
“Hoy es distinto”, afirmó Moltó, al señalar que el Gobierno cuenta ahora con información técnica, económica, ambiental y social que, según explicó, permite analizar el problema con datos verificables y no únicamente a partir de opiniones.
La comisión realizó visitas al sitio minero y a las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, además de reunirse con alcaldes, gobernadores, trabajadores, proveedores y moradores de la región.
Moltó destacó que el informe no fue elaborado únicamente desde oficinas gubernamentales, sino que incluyó trabajo de campo y contacto directo con personas afectadas por el cierre de la operación.
La propuesta central: cierre ordenado
El titular del MICI fue directo al presentar la principal recomendación: autorizar las condiciones para iniciar un cierre ordenado del sitio minero, sin costo fiscal para Panamá, con transparencia, supervisión independiente y cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
Subrayó, sin embargo, que el documento no constituye una decisión presidencial, no aprueba contrataciones, no compromete recursos del Presupuesto General del Estado y tampoco establece una fecha definitiva de operación o de cierre.
Moltó planteó seis criterios que, según dijo, deben regir cualquier decisión futura: acatamiento absoluto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, soberanía del Estado sobre el subsuelo, ausencia de costo fiscal para los panameños, transparencia verificable, prioridad para las comunidades, trabajadores y proveedores afectados, y supervisión independiente bajo estándares internacionales.
El ministro sostuvo que cualquier cierre debe ser pagado por el propio sitio minero y advirtió que una operación de esa magnitud no puede cerrarse de manera improvisada ni necesariamente en un periodo corto.
De acuerdo con las cifras presentadas durante el acto, Cobre Panamá tenía unos 2,000 proveedores registrados, de los cuales aproximadamente 1,500 eran micro, pequeñas y medianas empresas panameñas.
La comisión calculó además que alrededor de 6,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos estaban vinculados a la operación y su cadena económica, mientras que unas 144,000 personas se habrían visto afectadas por la pérdida de ingresos asociada al cierre.
Moltó también señaló una desigualdad territorial que, según la comisión, debe corregirse: más de un tercio de los trabajadores provenía de la región, pero solamente alrededor de 8 de cada 100 dólares de las compras de la operación recaían en esa zona.
Chapman: “cero” costo para el Estado
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, convirtió el costo fiscal en una de las condiciones principales de la propuesta.
“Cero” debe costarle al Estado panameño la solución del problema de la mina, sostuvo Chapman, quien pidió establecer como condición que ni un solo centavo del Tesoro Nacional sea utilizado para financiar el cierre.
Según explicó, la fase actual de cuido, preservación y mantenimiento se ha sostenido con recursos generados en el propio sitio y, a su juicio, cualquier solución futura debe mantener ese principio.
Chapman también advirtió sobre el impacto económico de mantener la incertidumbre alrededor del proyecto. Señaló que la paralización de la operación eliminó más de 4% del Producto Interno Bruto y más de 36,000 empleos directos e indirectos, según los cálculos incorporados al informe.
El ministro sostuvo que en 2023 el aporte de la mina al producto nacional superó los 3,000 millones de dólares y calculó que cada día sin una decisión representa, en promedio, 6.8 millones de dólares menos en exportaciones, 3.8 millones de dólares menos de producción económica, 1.3 millones de dólares menos en ingresos fiscales y unos 390,000 dólares menos en aportes a la Caja de Seguro Social.
Chapman también introdujo en el análisis la exposición de Panamá a reclamaciones en arbitrajes internacionales, que cifró en más de 27,000 millones de dólares. Aclaró que se trata de montos reclamados y no reconocidos por el Estado panameño y que los procesos se encuentran suspendidos, no cancelados.
Para el titular del MEF, cualquier alternativa debe tomar en cuenta ese expediente y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de gobernanza, trazabilidad y rendición de cuentas para los recursos que eventualmente genere una solución al problema.
Navarro pone el ambiente en el centro
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, planteó que la mina “jamás debió haberse construido” en las condiciones en que se desarrolló, pero sostuvo que el Estado ahora debe enfrentar la realidad de un sitio minero de gran escala que permanece en territorio panameño.
Navarro señaló que la suspensión abrupta de las operaciones en 2023 no equivale a un cierre técnico y ordenado, debido a que el sitio mantiene instalaciones, relaves, aguas de contacto y otros elementos que requieren vigilancia permanente.
Indicó que actualmente existen 164 instrumentos activos de vigilancia dentro del esquema de preservación y gestión segura y que alrededor de 32 millones de toneladas de roca ya extraída permanecen en el sitio y están siendo procesadas para disminuir riesgos ambientales.
El ministro destacó los resultados de la auditoría integral realizada por SGS. Según los datos expuestos, fueron evaluados 370 compromisos y solamente nueve presentaron algún nivel de incumplimiento, mientras que la ponderación integral estableció un cumplimiento de 87.73%.
Navarro aclaró que cuatro de esos incumplimientos fueron considerados no conformidades relacionadas con la reforestación y sostuvo que deben ser corregidos mediante un plan con metas, plazos y verificación externa.
El ministro recomendó además que el plan de cierre tenga una fecha final y definitiva, que su cumplimiento sea certificado por una revisión técnica, científica y ambiental independiente y que se establezca un fondo específico para garantizar el cierre.
Proponen fideicomiso ambiental de $100 millones anuales
Una de las propuestas más ambiciosas planteadas por Navarro consiste en crear un fideicomiso ambiental de alcance nacional, financiado con una parte de los ingresos que eventualmente reciba el Estado bajo el esquema recomendado.
El ministro propuso que una parte significativa de esos ingresos, que estimó en 100 millones de dólares anuales, sea destinada de manera permanente a un fondo administrado por el Ministerio de Ambiente.
Según la propuesta expuesta, los recursos serían utilizados para proteger la biodiversidad, fortalecer parques nacionales y reservas, impulsar programas de reforestación y restauración de ecosistemas, establecer mecanismos de pagos por servicios ambientales, crear brigadas ambientales, financiar becas para formar científicos y técnicos ambientales y proteger ríos y cuencas.
Navarro presentó esta idea como una forma de convertir los recursos vinculados al sitio minero en una fuente permanente de financiamiento para la conservación ambiental de Panamá.
Mulino: “No voy a repetir el error de decidir en cuatro días”
Después de recibir formalmente el informe, Mulino dejó claro que la comisión cumplió su mandato, pero que la decisión final sigue en sus manos.
El presidente recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión en noviembre de 2023 y sostuvo que ese fallo se acata íntegramente.
Sin embargo, señaló que la sentencia resolvió sobre el contrato y no eliminó físicamente el sitio minero, que continúa requiriendo gestión, vigilancia y mantenimiento.
“Quería datos, estudios, análisis de expertos, quería auditorías y quería que alguien fuera a ver el lugar y hablar con la gente que vive alrededor”, explicó el mandatario.
Mulino dijo que recibió las cifras relacionadas con las empresas panameñas afectadas, los empleos perdidos y el impacto sobre las comunidades de la región.
También hizo suyos los seis criterios planteados por la comisión y afirmó que deben ser considerados en cualquier decisión futura: respeto al fallo de la Corte Suprema, rectoría del Estado y titularidad nacional sobre el yacimiento, ausencia de costo fiscal, transparencia verificable, prioridad para las comunidades afectadas y supervisión independiente internacional.
El presidente insistió en que el informe no constituye una autorización para reabrir la mina ni una decisión sobre el futuro del proyecto.
“Voy a estudiar este informe con mi gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud merece”, afirmó.
Mulino advirtió que no repetirá lo que calificó como el error de tomar una decisión apresurada sobre un asunto que, según dijo, Panamá tendrá que manejar durante décadas.
“Cuando tenga una decisión la voy a anunciar yo, nadie más, a todo el país, de frente y con sus fundamentos”, manifestó.
El mandatario agregó que la decisión no será conocida mediante una filtración, una versión o un comentario de pasillo, sino directamente de su parte.
Por ahora, el escenario que queda planteado es el de un informe que recomienda un cierre ordenado, con financiamiento proveniente del propio sitio, controles ambientales reforzados, participación comunitaria y supervisión internacional.