Organizaciones civiles denuncian que Minera Panamá ha cometido múltiples violaciones a normas vigentes
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
Una decena de organizaciones civiles, emitieron un comunicado en conjunto, donde denuncian que la empresa Minera Panamá ha cometido múltiples violaciones a normas vigentes en el país y ha saqueado los recursos minerales que le pertenecen a todos los panameños.
Los gremios se reunieron ante los graves hechos que se están produciendo respecto a la negociación de un nuevo contrato con la empresa transnacional First Quantum Minerals (FQM), registrada en el país como Minera Panamá.
Sostienen que Panamá es un país cuyas características biofísicas, como el ser parte del Corredor Biológico Mesoamericano, la hacen incompatible con la minería, una actividad económica cuya sostenibilidad es imposible, contrario a la propaganda de FQM.
Durante todos los años de operar en el país, la empresa ha utilizado drásticos métodos extractivistas a cielo abierto, que han destruido centenares de hectáreas de bosque tropical en el distrito de Donoso, además de incurrir en más de 200 infracciones ambientales registradas, pese a lo cual continúa exigiendo aún más hectáreas cada año, destaca el comunicado.
El documento señala que desde que inició operaciones, FQM ha violado la Constitución y las leyes del país de todas las formas posibles, concesión que no pasó por licitación y además viola el artículo 290 de la Constitución Política que prohíbe operar a empresas cuyos propietarios sean estados extranjeros, como es el caso de FQM, cuyas
acciones están en un 60% en manos de China, Singapur y Corea del Sur.
Las organizaciones en el comunicado recuerdan que luego de aprobarse el contrato bajo dudosas circunstancias en la Asamblea Nacional, el documento fue demandado inmediatamente, pero la Corte Suprema de Justicia tardó casi 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad.
«FQM no solo ha saqueado el cobre de Panamá, sino además oro, pagando migajas de 2% sobre enormes regalías de miles de millones de dólares, en comparación con lo que pagan empresas similares y la misma empresa en otros países, mientras goza de otras grandes exoneraciones», aseguran.
En el comunicado los gremios nacionales denuncian que la multinacional FQM ha violado sistemáticamente el Código de Trabajo panameño, con métodos
gansteriles y despidiendo incluso a una parte de la dirigencia sindical durante la pandemia de COVID-19 y al día de hoy se niega a acatar los fallos de los tribunales de trabajo que exigen sus reintegros.
«FQM se ha convertido en un enclave minero al que las autoridades panameñas no pueden acceder sin autorización de los gerentes de la empresa, como si se tratara de un país extranjero o de la desaparecida Zona del Canal», advierten.
Explican los gremios que desde la publicación del fallo de inconstitucionalidad, FQM simuló negociar un nuevo contrato, haciendo quedar en ridículo al presidente de la república, Laurentino Cortizo, ya que ahora la empresa se niega a firmar y descaradamente pide más concesiones onerosas en el territorio panameño.
Ante este escenario, las organizaciones ecologistas, gremiales, sindicales, populares, exigieron al gobierno, declarar la moratoria para nuevas concesiones en todo el territorio nacional, permitiendo al país salvaguardar el agua, los bosques y la vida silvestre, cuya protección es imperante ante la emergencia climática que vive el planeta y a la que el Istmo no es ajena.
Piden además proceder a la nacionalización de la mina para hacer valer la Constitución Política, las leyes ambientales y laborales de Panamá frente a los abusos de esta multinacional.
«Hay que explorar la posibilidad de declarar improcedente una indemnización a la multinacional, tomando en cuenta el incalculable valor de los entornos naturales devastados en su beneficio y las exorbitantes ganancias obtenidas y no gravadas, con un contrato inconstitucional por más de 5 años», destacan.
El comunicado lo firman ASOPROF capítulo de la Universidad de
Panamá, Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (Siten), Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá (CoSCiesPa), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá), Movimiento Alternativa Socialista, Juventudes Revolucionarias de Panamá y Reforma Estudiantil.