Pagos presentes y funcionarios ausentes: Contraloría lleva caso de corrupción en la Asamblea a la Procuraduría
Javier Collins Agnew La Verdad Panamá
La Contraloría General de la República ha presentado ante el Ministerio Público una denuncia penal por una presunta lesión a la Hacienda Pública detectada en la Asamblea Nacional, tras concluir una auditoría en la que se identificaron múltiples irregularidades vinculadas al manejo de personal contratado bajo la modalidad de servicios profesionales.
El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría, detalla que la auditoría se realizó específicamente en las oficinas de Participación Ciudadana, Atención Ciudadana, Proyectos Especiales, Protocolo y Seguridad, así como en varias oficinas de diputados.
El objetivo era verificar si los colaboradores asignados a estas dependencias realmente cumplían con sus labores contratadas.
Los hallazgos fueron alarmantes: personas contratadas con fondos públicos no se encontraban en sus puestos de trabajo, ni en las oficinas ni en las áreas donde supuestamente debían cumplir funciones.
En algunos casos, ni siquiera los jefes de las oficinas sabían quiénes eran ni qué tareas desempeñaban. Tampoco había registros de asistencia, supervisión ni evidencia documental del cumplimiento de sus funciones.
En el informe se destaca que estos colaboradores cobraban su salario regularmente a pesar de no realizar labor alguna para el Estado, lo que representa un claro ejemplo de posible peculado por malversación de fondos públicos.
La Contraloría enfatizó que estas irregularidades no solo afectan la moral institucional y el uso eficiente de los recursos públicos, sino que también podrían constituir delitos graves contra la administración pública.
Por ello, remitió el expediente completo con la documentación correspondiente a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se inicie una investigación penal.
Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio de la Contraloría por erradicar el clientelismo, los nombramientos fantasmas y el uso político de las planillas en las instituciones del Estado, especialmente en la Asamblea Nacional, entidad que ha sido reiteradamente cuestionada por su falta de transparencia en la gestión de personal.
El ente fiscalizador concluyó reiterando su compromiso con la legalidad, la fiscalización efectiva y la rendición de cuentas, advirtiendo que continuará con auditorías similares en otras entidades donde existan sospechas de mal manejo de fondos públicos.