Panamá Ports y la revolución portuaria nacional
Un análisis al cumplirse el 21 de enero pasado los primeros 25 años de operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por Panama Ports Company (PPC), su impacto portuario global y en el desarrollo económico nacional.
Andrea Valero*
Hace 25 años Panamá no existía en el mapa portuario regional, mucho menos mundial. Ocupaba el lugar 98 de 100 en el mundo. Su movimiento de carga era de unos 200,000 contenedores al año. Esa cifra se ha multiplicado hasta alcanzar cerca de ocho millones de trasbordos de contenedores anualmente.
Con visión de largo plazo y para darle mayor valor al bien estratégico del Estado panameño, a mediados de la década de 1990 el gobierno de entonces privatizó la telefonía y la electricidad, pero dio en concesión los puertos del Atlántico y el Pacífico. Esas terminales no están privatizadas y seguirán siendo de Panamá, con toda la infraestructura construida, cuando concluyan las concesiones.
Panamá buscó operadores portuarios modernos, de renombre mundial. La industria marítima global reaccionó de inmediato. Apostó a Panamá para mover carga contenerizada hacia América Latina y el Caribe. El proyecto de ampliación del Canal fue un atractivo adicional para la industria marítima mundial.
La inversión extranjera es el mayor signo de confianza que pueda demostrarse en un país. Así lo expresaron empresas pioneras como Panama Ports Company (PPC), filial de gigante portuario global Hutchison Ports con sede en Hong Kong, que han contribuido activamente al desarrollo integral del país, más allá de los aspectos portuarios. Han sido 25 años, unidos a Panamá.
Correspondió a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como entidad responsable de los asuntos marítimos y portuarios del Estado, revisar el Contrato Ley de concesión otorgado el 21 de enero de 1997 a PPC por 50 años y certificar, al mismo tiempo, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales para dar paso, en junio pasado, a su prórroga automática como establecen los términos contractuales.
La decisión se basó en un audito de la Contraloría General de la República (CGR), entregado en febrero pasado, que revisó en forma exhaustiva más de dos décadas de operaciones de la empresa. El informe de la CGR demostró el apego de PPC a lo pactado en el Contrato Ley original y el cumplimiento de la normativa que rige las actuaciones de las empresas extranjeras que operan en Panamá.
El audito determinó que, en dos décadas, PPC aportó a la economía nacional $5,935 millones en inversiones realizadas, pagos al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias. Esa suma incluyó, entre otros, $1,695 millones en inversiones en infraestructura portuaria, $1,400 millones en salarios a trabajadores, $255 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) en cuota obrero patronal y $395 millones pagados a contratistas.
PPC paga dividendos
La auditoría de la CGR certificó que las terminales de Balboa y Cristóbal aportaron al Estado $445 millones en la primera fase de 25 años de concesión, lo que sumados a los $816 millones proyectados en los próximos 25 años, totalizarán $1,261 millones en pagos al Tesoro Nacional.
La CGR estimó en su informe que PPC ha tenido utilidades por $900 millones en dos décadas de operaciones en los puertos concesionados y que, tras pagar los primeros $8 millones en dividendos, quedaba un saldo pendiente de $83 millones, como parte del 10% de la participación accionaria del Estado en la empresa. PPC es la única concesionaria portuaria que aporta el 10% de dividendos al Tesoro Nacional.
En las negociaciones entre la AMP y PPC, la concesionaria acordó pagar los $83 millones en dividendos pendientes. Fue así que entregó el año pasado un total de $165 millones, convirtiéndose en el mayor pago de dividendos jamás alcanzado por gobiernos anteriores y una importante contribución a la reactivación económica postpandemia. Ese total contemplaba, además, un adelanto de $35 millones en dividendos, estimados en $7 millones anuales, como mínimo, durante los cinco años de la presente administración gubernamental.
La concesión otorgada a PPC tiene una duración de 50 años y fue prorrogada automáticamente por la AMP por un periodo adicional de 25 años que concluyen en el 2047.
Cabe recordar que el contrato expira después del segundo periodo de 25 años de concesión y todas las instalaciones y facilidades dentro de los puertos pasarán a propiedad del Estado panameño, lo cual dejarán un importante activo para el país.
Gracias a inversiones en infraestructuras portuarias como las realizadas por PPC, Panamá se ha convertido en una de las capitales marítimas del mundo. La empresa PPC ha contribuido, en estos últimos 25 años, como un factor determinante para establecer a Panamá como un hub marítimo latinoamericano y un centro logístico de ranking mundial.
*Periodista.