Papadimitriu entra al centro del juicio Odebrecht mientras la audiencia destapa la ingeniería financiera en la banca de Andorra
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá comenzó a moverse esta semana hacia uno de sus nombres políticos más sensibles: el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, cuya defensa abrió formalmente su fase de testigos en un escenario donde la Fiscalía mantiene bajo lupa los pagos supuestamente ilegales ligados a la Línea 1 del Metro de Panamá.
La jornada arrancó con la comparecencia de Juan Cedeño, funcionario del Ministerio de la Presidencia, citado por los abogados del exministro para explicar el rol que tenía esa cartera en los proyectos del Metro durante el periodo en que Papadimitriu estuvo al frente del despacho.
El punto no es menor. Según la tesis del Ministerio Público, parte de los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado en Panamá provendrían de contratos asociados al Metro, ejecutados cuando Papadimitriu ocupaba una de las posiciones más influyentes del Ejecutivo.
Desde la óptica de la defensa, el testimonio buscó marcar una línea divisoria entre la función política del ministro y la ejecución técnica de las obras, que recaía en la Secretaría del Metro de Panamá. La estrategia apunta a desanclar a Papadimitriu del manejo operativo que hoy es cuestionado por la Fiscalía.
Con la entrada de estos testigos, el proceso dejó por momentos el terreno estrictamente financiero para trasladarse al plano político, donde se analiza quién tomaba decisiones y quién controlaba los proyectos que generaron los flujos de dinero bajo investigación.
Debajo del pulso político que empieza a rodear a Papadimitriu, la audiencia de hoy también avanzó en la reconstrucción del esquema financiero que, según la Fiscalía, utilizó Odebrecht para mover dinero de sobornos a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Desde el consulado panameño en Madrid declararon Juan Peña y Santiago de Roselló, exejecutivos del banco intervenido en 2015.
Ambos explicaron que Odebrecht no figuraba como cliente directo, sino que operaba mediante sociedades interpuestas adquiridas a través de despachos legales, incluidos en Panamá.
Cejudo, exdirector del área de negocio de BPA, sostuvo que la filial BPA Serveis no abría cuentas, pero sí compraba estructuras corporativas para clientes que luego eran manejadas por intermediarios financieros.
Según su versión, directivos de Odebrecht se acercaron a la entidad para estructurar operaciones, aunque formalmente la constructora no aparecía registrada como cliente.
Roselló explicó que la filial Norsway (BPA Uruguay) pertenecía completamente a la banca andorrana y que la intervención del grupo se produjo tras un señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales en varios casos internacionales.
La Fiscalía sostiene que ese andamiaje permitió canalizar dinero producto de coimas confesadas por Odebrecht en Panamá, utilizando sociedades pantalla conectadas a la red financiera del banco europeo.
Antes también compareció Elbert Rubio, quien aseguró haber trabajado durante cinco años en empresas de la familia Papadimitriu realizando labores de logística y coordinación, versión que la defensa utilizó para contextualizar el entorno operativo del exfuncionario.
Así, el juicio Odebrecht en Panamá empieza a cruzar dos planos: la ingeniería financiera internacional que movía el dinero y el nivel político donde se decidían los proyectos que generaron esos flujos.