Persecución y violación de derechos humanos en sede del Ministerio Público de La Chorrera
Persecuciones, atropellos y violación de los derechos humanos son, entre otras, las situaciones que enfrentan fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público, en la regional del Distrito de La Chorrera.
A La Verdad Panamá llegaron denuncias de varios servidores judiciales, incluso algunos que fungieron como fiscales y que sin explicación alguna fueron despedidos, sin que las máximas autoridades intervengan para frenar los abusos.
Según los denunciantes, que decidieron no dar sus nombres por temor a más represalias, los dos superiores al mando violan procedimientos, escalafón, méritos y experiencia, manejando con una discrecionalidad absoluta la administración de esa sede.
Una de las afectadas estando con una licencia de maternidad no la dejaron regresar a la unidad de Drogas y de 2 mil 500 dólares que era su salario, se lo bajaron a mil 100 dólares, humillándola al asignarla a la entrega de carpetillas y repartir oficios. “Después que era una fiscal adjunta le hicieron eso”, dijo una fuente.
En la sección de drogas cambió a una cantidad importante de servidores por el solo hecho de carerles mal. Si no le caes bien te saca, te reduce el salario o te traslada, manifestó uno de los afectados.
A la que fungía como personera de Arraiján la destituyó, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución a su posición y el fiscal superior la puso de escribiente con salario de 750 dólares.
Otra fuente del Ministerio Público que optó por no dar su nombre, indicó que el secretario de uno de los fiscales superiores es ahora el Fiscal Adjunto y su cuñada es la personera de Chame. Ese ministerio público parece la finca de estos dos señores, apuntaron varios de los afectados.
Otra que fungía como fiscal de circuito fue destituida por defender los derechos de los demás compañeros. Las humillaciones y discriminaciones por raza son la característica en el Ministerio Público de La Chorrera.
Los afectados dicen no comprender cómo a estas alturas, el señor Procurador General de la Nación no ha intervenido para ponerle un alto a estas irregularidades que empañan la labor del Ministerio Público.