Procuraduría denuncia trabas en lucha anticorrupción: 225 auditorías siguen sin respuesta de la Contraloría
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Procuraduría General de la Nación reveló los obstáculos que enfrenta en su labor de combate a la corrupción: al menos 225 auditorías solicitadas a la Contraloría General de la República siguen sin respuesta, lo que representa un freno crítico para el avance de múltiples investigaciones por delitos contra la administración pública.
En un comunicado emitido este 14 de junio de 2025, la Procuraduría reafirma su compromiso con la transparencia y la justicia, pero señala que enfrenta limitaciones técnicas graves que están fuera de su control. Entre ellas, destaca el atraso acumulado en auditorías clave requeridas por la Fiscalía Anticorrupción.
Casos emblemáticos: Panama Ports, IFARHU y descentralización paralela
El documento menciona avances en investigaciones de alto perfil:
Caso Panama Ports Company (PPC): surgido tras declaraciones televisivas, ha generado hasta el momento 72 diligencias, 22 entrevistas, cinco asistencias técnicas y una comisión a la Dirección de Investigación Judicial.
Caso de enriquecimiento injustificado vinculado al IFARHU: la Fiscalía Anticorrupción abrió una nueva investigación el martes 10 de junio de 2025 tras recibir una auditoría oficiosa, actuando de inmediato con verificaciones técnicas.
Sin embargo, los casos más mediáticos aún están estancados por falta de auditorías formales, entre ellos:
Auxilios económicos del IFARHU: pese a solicitudes presentadas en 2024 y reiteradas este año, no se ha recibido ninguna auditoría para determinar si hubo lesión patrimonial.
Descentralización paralela: la Fiscalía ha solicitado 116 auditorías en el marco de 233 denuncias activas. Ninguna ha sido remitida, según indica el comunicado.
El cuello de botella: 225 auditorías sin entregar
La Procuraduría recordó que en enero de 2025 notificó formalmente a la Contraloría sobre un atraso de 166 auditorías.
Desde entonces, el número ha aumentado a 225, lo que obstaculiza las investigaciones de posibles delitos que afectan directamente los recursos del Estado.
“Cada acción emprendida responde a criterios técnicos, jurídicos y procesales, dentro de un entorno de alta demanda investigativa.
A pesar de los desafíos, mantenemos responsabilidad institucional”, enfatiza el comunicado.
Cero tolerancia a presiones externas
Ante recientes críticas públicas que exigen mayor celeridad, la Procuraduría recordó que no cederá ante injerencias ni presiones políticas.
Señala que la independencia de los procesos penales es esencial para garantizar justicia real y preservar la integridad institucional.
Llamado a la colaboración institucional
Finalmente, la Procuraduría expresó su apertura al trabajo coordinado entre instituciones, pero subrayó que esta debe regirse por los principios de legalidad e independencia.
“Solo así se puede responder con eficacia a la exigencia ciudadana de justicia frente a los escándalos de corrupción”, concluye el comunicado.
Este pronunciamiento deja en evidencia un conflicto técnico-administrativo entre dos entidades del Estado y que amenaza con dilatar la respuesta a escándalos de alto interés público.