Proyecto de extinción de dominio busca debilitar finanzas de las organizaciones criminales, dice Juan Pino
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino manifestó que el proyecto de extinción de dominio que presentará ante la Asamblea Nacional tiene el propósito de
atacar de manera frontal y debilitar el musculo financiero de aquellas
organizaciones criminales, que por medio de empresas o negocios han hecho
fortunas y que no puedan justificar.
Destacó que el mencionado proyecto elaborado por el Minseg, es el resultado
de una ardua labor de más de un año, gracias al apoyo del ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Explicó el ministro que el mismo tiene como objetivo crear y desarrollar un
marco normativo como instituto jurídico, contra los bienes de origen o
destinación ilícita, a fin de que sean recuperados a favor del Estado, ya que con
esto se constituye un mecanismo de generación de ingresos, no sólo para
financiar la represión y prevención contra la criminalidad, sino también para
resarcir el daño que este flagelo causa a la sociedad, otorgándole en
consecuencia una función social.
Subrayó que la jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, que es
independiente y autónoma de las demás jurisdicciones ordinarias; toma como
punto de partida el derecho a la propiedad que tiene toda persona y del cual
nadie puede ser privado arbitrariamente.
Dijo a su vez, que este proyecto recoge elementos y prácticas a nivel
internacional con un enfoque social, sujeto al orden público y al bienestar
general, enmarcado en fines constitucionales de justicia social; permitiendo así
que el Estado recupere los bienes ilícitos y los devuelva a la sociedad, con el fin
de darle el mejor uso colectivo posible.
Manifestó el Jefe de la cartera de seguridad en nuestro país, que las actividades
delincuenciales, derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones,
así como la debilidad institucional para la persecución del delito de blanqueo
de capitales y delitos conexos, afectan la convivencia pacífica, el desarrollo
humano, la sostenibilidad y progreso de una nación, por tal motivo, existe la
necesidad de fortalecer los mecanismos de administración de justicia, en su
esfuerzo por combatir a dichas organizaciones, a través de un marco legal que
le permita al Estado la aplicación de una Ley en contra de bienes adquiridos
ilícitamente y el financiamiento de actividades ilegales.