¿QUIEN TIENE DERECHO A LA JUSTICIA EN PANAMÁ?
Por Diamantina Pimentel
Nadie sabe en qué momento necesitará recurrir a una instancia judicial a presentar una situación y mucho menos, cuál será su suerte. Todos debemos involucrarnos y exigir que nuestras instancias judiciales, llámese corregidurías, Ministerio Público y el Órgano Judicial, tenga funcionarios a todos los niveles, serios, honestos, conocedores y que respeten la ley. Pero esto sucede? Como en todo, sí hay funcionarios serios, responsables, honestos, pero también los hay corruptos, irresponsables y que la ley para ellos tiene nombre, apellido y cifras.
Si una mujer tiene un problema de violencia doméstica, comienza su sufrimiento en una corregiduría y si el caso sigue en Fiscalía, no se indaga al querellado, las evaluaciones de Medicina Legal llegan tarde y se da sobreseimiento provisional, dejando a la víctima vulnerable y al querellado crecido porque la ley lo favoreció, y entonces hay un mayor riesgo de que esa mujer sea agredida y aumente las estadísticas de femicidio. Y si llegamos al Órgano Judicial, no tenemos cuando terminar. Hay jueces, que todo el mundo conoce como se da el manejo de sus fallos, o que dilatan los procesos para favorecer a una de las partes y que permiten procedimientos que no caben de acuerdo con la demanda presentada.
Podemos seguir enumerando situaciones, pero no alcanzaría el espacio en este medio, ya que esto sucede más a menudo de lo que sale a luz pública. Si se cumpliera la ley tal como está establecida en los diferentes códigos que rigen en el sistema judicial de Panamá, existiría justicia, y no tendríamos que gastar más dinero en abogados, porque cada recurso presentado o diligencia cuesta, tendríamos fallos seguros, justicia a tiempo, evitaríamos daño emocional y psicológico en los afectados, no tendríamos que ajustarnos a tarifas brujas establecidas, entre muchas cosas, pero lo principal, tendríamos la confianza en el sistema judicial y se haría justicia. Ojalá, yo logre ver que esto suceda, pero no lo creo, cada vez confío menos y no sé a quién tenga que recurrir o cuánto pagar para que se falle por algo que la ley debe favorecer.
