Ratifican la condena de Teodora Vásquez, la mujer que está en prisión desde hace 10 años por el aborto de un bebé que ella asegura nació muerto
Un tribunal de El Salvador ratificó este miércoles la condena a 30 años de prisión por abortar a Teodora Vásquez, quien asegura que su bebé nació muerto por complicaciones de salud.
“El tribunal llegó a la conclusión de que la sentencia definitiva condenatoria en contra de la señora Teodora Vásquez debe de confirmarse”, dijo el tribunal en su fallo.
El Tribunal Segundo de Sentencia de la capital salvadoreña justificó la decisión porque “los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica”, dijo una magistrada.
Tras escuchar el testimonio de dos médicos, el tribunal concluyó que, al contrario de lo que alegaba la defensa de Vázquez, no hubo irregularidades en las pruebas forenses por las que fue condenada en 2008.
“Emergencia obstétrica”
El abogado de la mujer, Víctor Hugo Mata, evaluará la posibilidad de interponer un nuevo recurso una vez pueda evaluar el fallo, que se dará completo el próximo 20 de diciembre.
“La prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud, la prueba científica no dice lo que el tribunal está señalando y a los más que podría llegar es a duda, pero ni siquiera duda”, se quejó Mata tras conocer el fallo.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional calificó la sentencia de “una profunda tragedia”.
Según las organizaciones que apoyan a Vázquez, la mujer sufrió “una emergencia obstétrica” en 2007 y, sin respuesta del sistema de urgencias sanitaria público, dio a luz en los baños de la escuela en la que trabajaba.
En 2016, Amnistía Internacional le presentó al gobierno 250.000 firmas “exigiendo la libertad” de la mujer.
Y en noviembre pasado, Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador la revisión de los casos de mujeres que cumplen largas penas por provocarse aborto.
Según la organización salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de que la vida de la madre esté en riesgo o sea fruto de una violación, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.
Así es que El Salvador sigue siendo junto a Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta uno de los pocos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
El país centroamericano tiene desde 1997 una de las leyes más severas para las mujeres que aborten y para quienes las asistan.
