Rechazan discurso de mano dura»; cuestionan sistema penitenciario corrupto y que no rehabilita
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
«Fugarse de una cárcel no es un delito cuando no existe violencia». La afirmación del abogado Jorge Zúñiga ex director de la Cárcel de Menores sacudió el debate sobre la crisis carcelaria panameña al cuestionar abiertamente el discurso de «mano dura» que ha cobrado fuerza tras las recientes evasiones registradas en el país.
Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista en el programa Protagonistas de la Verdad, en momentos en que la seguridad penitenciaria se encuentra bajo intenso escrutinio público y diversos sectores exigen medidas más severas para enfrentar las fugas, el ingreso de artículos prohibidos y la creciente pérdida de control dentro de algunos centros penales.
Según Zúñiga, quien también fungió como fiscal, el ordenamiento jurídico reconoce que la búsqueda de la libertad forma parte de la naturaleza humana y que lo penalmente reprochable no es el acto de escapar en sí mismo, sino la violencia que pueda ejercerse durante la evasión.
«Se reconoce que forma parte del sentir íntimo del ser humano su aspiración a la libertad. Lo que se castiga es la violencia, la amenaza o el daño que pueda ocasionarse durante una fuga», sostuvo.
El exdirector explicó que cuando una persona privada de libertad escapa sin agredir custodios ni poner en peligro la vida de terceros, lo que corresponde es una sanción disciplinaria penitenciaria y no necesariamente un nuevo proceso penal.
La libertad frente al discurso de la mano dura
Zúñiga fue más allá de la discusión jurídica y cuestionó el uso recurrente de la expresión «mano dura» como respuesta a los problemas de seguridad.
A su juicio, ese concepto choca con los principios democráticos y con la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes se encuentran privados de libertad.
«El Estado no puede hablar de mano dura cuando también incumple con sus deberes hacia los ciudadanos. Hay comunidades sin agua potable, sin centros de salud, sin educación y sin oportunidades. Esa también es una forma de violencia», manifestó.
El abogado sostuvo que el castigo no puede convertirse en sinónimo de sufrimiento permanente y advirtió que la función de la cárcel debe estar orientada a la rehabilitación y no a la destrucción de la persona.
«Casi nadie quiere dedicar recursos para garantizar que una persona salga mejor de lo que entró. Pareciera que algunos quieren que el detenido se muera dentro de la cárcel», señaló.
Un sistema penitenciario que no rehabilita
Durante la entrevista, el exdirector describió un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales que, según dijo, llevan décadas sin resolverse.
Mencionó la falta de clasificación efectiva de los privados de libertad, las limitaciones de las juntas técnicas encargadas de evaluar los procesos de rehabilitación y la carencia de programas que permitan una verdadera reinserción social.
También advirtió que la corrupción sigue siendo uno de los principales factores que debilitan el control de los centros penales y facilitan el ingreso de celulares, equipos electrónicos y otros artículos prohibidos.
Para Zúñiga, mientras estas condiciones persistan, cualquier intento de rehabilitación seguirá siendo insuficiente.
Recordó además que las cárceles no pueden seguir funcionando únicamente como depósitos humanos, sino como espacios donde el Estado garantice condiciones mínimas para que la persona pueda reinsertarse a la sociedad una vez cumplida su condena.
La crisis va más allá de las cárceles
El ex fiscal sostuvo que el problema no se limita al sistema penitenciario, sino que involucra a todo el aparato de justicia.
Según explicó, jueces, fiscales, custodios y autoridades deben actuar bajo una visión común basada en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
En ese sentido, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que asuma un papel más activo en la revisión de las condiciones carcelarias y en la defensa de las garantías fundamentales de los privados de libertad.
«La libertad individual es uno de los valores fundamentales de la democracia. El Estado tiene la obligación de garantizar la ley, pero también de garantizar la dignidad humana», afirmó.
Zúñiga concluyó que la crisis penitenciaria no se resolverá con más castigos ni con discursos de fuerza, sino mediante una transformación profunda del sistema penal y penitenciario que permita reducir la reincidencia, combatir la corrupción y ofrecer oportunidades reales de rehabilitación a quienes cumplen condenas.
Sus declaraciones adquieren especial relevancia luego de la fuga masiva de 195 privados de libertad, considerada la evasión más grande registrada en la historia penitenciaria de Panamá.
Aunque las autoridades han logrado recapturar a la mayoría de los evadidos, todavía permanece una veintena de fugitivos en las calles, una situación que mantiene bajo presión al Gobierno y reaviva el debate nacional sobre el verdadero estado de las cárceles panameñas.