Recomiendan al pleno rechazar inexequibilidad del proyecto de prima de antigüedad que crea el CEPPAN
La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucion3ales, que preside el diputado Leandro Ávila, aprobó presentar al pleno de la Asamblea Nacional, el informe respecto al veto presidencial del proyecto de Ley 726 «Por el cual se crea el Certificado Negociable para el Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos (CEPPAN)», a fin de rechazar la objeción por inexequibilidad, en su conjunto, realizada por el Ejecutivo.
En su reunión ordinaria del martes 23 de agosto de 2022, la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales presentó el informe que se hizo sobre el veto por inexequible, por parte del Órgano Ejecutivo, sobre la ley de la prima de antigüedad. La conclusión fue que el Estado tiene que aceptar y reconocer que existe una “deuda flotante” que creó el Código de Trabajo y no la Asamblea Nacional.
“No hemos visto incluirse en el Presupuesto General del Estado 2023 el pago de este derecho de los trabajadores del sector público, incluso, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el derecho de los funcionarios públicos a cobrar, entonces, la propuesta hecha por la Asamblea no amarra al Gobierno Nacional, sino que les brinda la alternativa a algunas instituciones que tengan el dinero de pagar en efectivo como ya los están haciendo”, explicó Ávila.
“La mayoría de las instituciones del Estado, en especial del Gobierno Central, no cuentan con las reservas, no tienen el presupuesto, y, por ello, la alternativa que tienen es hacer estos documentos negociables que serían redimidos en el año 2025 o 2026, pero los trabajadores pudieran cobrar, esto es importante que el Gobierno lo analice”, indicó el diputado Ávila.
El Gobierno se ha planteado una reducción de la planilla estatal, bueno con esta Ley tienen 23 mil servidores públicos que ya están pensionados, que están trabajando, que esperan que se les pague para poder retirarse del servicio, con ello, se tendrían 23 mil plazas sin necesidad de hacer despidos, acotó.
El diputado Ávila destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha negado a participar en la discusión de la propuesta, que no se entiende la actitud del MEF, pero se calcula que el desembolso está por el orden de los 60, 700 millones de dólares, que se van acumulando todos los días. “Cuando un trabajador público renuncia, se pensiona o lo despiden, se sigue acumulando la deuda” expresó.
La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales recomendó, además, al pleno de la Asamblea la aprobación del proyecto de Ley, Que crea la Red de Helipuertos de Panamá, y creó una subcomisión para unificar los proyectos que castigan los delitos sexuales.