Rector de la UMIP, denunciado ante la Contraloría por presunta intromisión e injerencia en su ingreso a carrera y categorización adocente
Panamá, 19 de marzo de 2026. El rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, podría haber utilizado su posición para influir en su propio ingreso a la carrera docente universitaria y su categorización, pese a no poseer continuidad y antigüedad docente, y haber perdido derechos adquiridos tras su destitución en 2015, como vicerrector académico, según una denuncia presentada este 19 de marzo de 2026 ante la Contraloría General de la República.
Documentos aportados, según la denuncia, revelan inconsistencias con el Estatuto Orgánico de la UMIP y con la Ley 38 de 2000, que regula las funciones de los servidores públicos y el procedimiento administrativo general, afectando tanto el ingreso a la carrera docente como la categorización del rector, como lo es el hecho de que ingreso en carrera docente se registró sin estar en planilla docente y anterior a su ingreso a la misma.
Las resoluciones que señalan el ingreso y Categorización de Luna Barahona, en la parte resolutiva destacan que la posición docente estaba «por crearse» . Es decir, primero ingresó a la carrera docente para después nombrarse como docente.
Entre las irregularidades detectadas, de acuerdo con la denuncia, se incluyen la aplicación inapropiada de criterios, la falta de documentación que respalde la permanencia del rector como docente y la omisión de procedimientos reglamentarios que garantizan transparencia y legalidad en los procesos de ingreso y categorización.
La denuncia advierte sobre la posible influencia indebida del rector Luna Barahona, en las decisiones adoptadas por los servidores públicos responsables de los procesos de ingreso a la carrera docente y categorización, e incluye como sujetos de la investigación a todos los involucrados en el proceso, desde miembros del Consejo Académico, personal de Recursos Humanos de la Secretaría General, la Vicerrectoría Académica, hasta los integrantes de la Comisión de Categorización Docente, a fin de determinar responsabilidades en la adopción de decisiones que podrían haber favorecido al rector.
Según los denunciantes, esta intromisión habría favorecido la categorización del rector pese a que no cumplía con los requisitos de antigüedad ni de continuidad, luego de haber sido destituido en 2015, perdiendo así todos los derechos adquiridos.
Durante, según los documentos presentados, en los últimos tres años, el rector Luna Barahona ha sido beneficiado con tres ascensos mediante procesos de categorización docente consecutivos. Estos ascensos le han otorgado un incremento salarial directo, lo que elevaría la remuneración mensual a más de 6.000 dólares, cuando en una posición normal los docentes perciben entre B/.1,500 y B/.2.000 dólares al mes. Este detalle resalta el beneficio económico directo que podría obtener a través de los procesos cuestionados.
El análisis de la denuncia, destacaron los quejosos, se basa en el cumplimiento estricto y literal de las normas vigentes, considerando únicamente los estatutos y reglamentos auténticos, y rechazando cualquier interpretación adulterada que hubiera justificado los procesos cuestionados.
Entre los documentos probatorios se incluyen resoluciones internas, certificados académicos y correspondencia oficial que evidencian irregularidades en los procesos de ingreso y categorización, buscando determinar si se cometieron actos de administración irregular o vulneraciones a la fe pública.
Especialistas en derecho administrativo señalan que, de confirmarse estas irregularidades, podrían sentar un precedente negativo para la gestión institucional y afectar la credibilidad de los procedimientos de selección, ingreso y promoción de docentes permanentes en la UMIP.
La denuncia hace referencia a normas específicas presuntamente infringidas, como la Ley 38 de 2000, la Ley 32 de 1984, el Estatuto Orgánico de la UMIP, Resoluciones del Consejo Academcio, informes de la Comisión de Categorización Docente y artículos del Código Penal de Panamá relacionados con falsificación ideólogica, la adulteración de documentos y aplicación incorrecta de normas legales.
Se solicita que la Contraloría investigue no solo al rector, sino también a todos los servidores públicos que participaron en los procesos de ingreso a la carrera docente y categorización, asegurando que las decisiones administrativas se hayan adoptado con apego a la legalidad y los principios de ética y probidad.
La investigación podría establecer responsabilidades en todos los niveles, desde la Secretaría General y la Vicerrectoría Académica hasta los miembros de la Comisión de Categorización Docente, garantizando que los actos administrativos sean auditables y revisables.
La denuncia fue interpuesta por el comunicador Omar Wongwood, exdirector de Relaciones Públicas de la UMIP, y por el profesor Marco Vigil, expresidente del Comité Electoral Universitario, con el objetivo de que la Contraloría realice la fiscalización necesaria y se garantice la transparencia y legalidad en los procesos de ingreso y categorización dentro de la institución. Los denunciantes señalaron además que en las próximas fechas presentarán denuncias y querellas penales contra el rector Víctor Luna Barahona por la situación antes descrita.