Rehabilitación académica: la “concesión” silenciosa que convierte el fracaso escolar en un negocio dentro de las escuelas públicas

El proceso de rehabilitación académica que cada verano impulsa el Ministerio de Educación (Meduca) opera en la práctica como una concesión informal, otorgada a directivos que, amparados en su experiencia, solicitan y reciben la autorización para organizar el programa en determinados planteles oficiales.

Bajo esta figura, el Meduca cede el control operativo del proceso a coordinadores designados internamente, sin licitación, sin concurso público y sin fiscalización visible, permitiendo que el programa funcione como una concesión  y recaudación dentro de las escuelas.

Cada estudiante que busca rehabilitar una materia debe pagar 7  dólares. De ese monto, 5 dólares van directamente al profesor y 2 dólares quedan en manos del coordinador general, bajo el argumento de que serán utilizados para material didáctico y papelería.

No obstante, no existe evidencia pública de compras, inventarios ni rendiciones de cuentas. El material utilizado suele ser el mismo del plantel y el proceso administrativo recae, sin compensación adicional, sobre secretarias y personal regular de la escuela.

«Solamente se brinda el almuerzo a pesar de estar trabajando hombro a hombro en todo el proceso de matrícula de los estudiantes que realizan reválida, descuidando así la labor regular dentro del plantel», reveló una de las secretarias.

La funcionaria incómoda reclamó que de esos dos dólares se les debe pagar por el trabajo que realizan, en horas en que debería de estar trabajando el proceso de enseñanza regular.

Las cifras explican por qué esta “concesión educativa” genera disputas internas.

Un profesor con 200 estudiantes puede recibir hasta mil dólares  en pocas semanas, mientras que en un colegio donde se matriculan 2,000 alumnos, el coordinador puede percibir hasta 4,000 dólares, todo ello sin controles externos efectivos.

Dirigentes magisteriales reconocen que la asignación de estudiantes y docentes no siempre responde a criterios académicos, sino a decisiones internas y discrecionales.

Este esquema ha generado además una dependencia absoluta de figuras específicas dentro de los planteles. En la práctica, cuando el coordinador del programa se traslada, se jubila o deja el colegio por cualquier razón, la rehabilitación académica simplemente deja de realizarse.

La “concesión” no se traslada automáticamente al centro educativo, sino que desaparece con la persona, evidenciando que no se trata de un programa institucional, sino de un permiso personal tolerado por el sistema.

Lejos de tratarse de un mecanismo marginal, el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) tiene un alcance nacional significativo.

De acuerdo con información oficial publicada por el propio Meduca en la Gaceta Oficial, para el año lectivo 2025 se habilitaron 88 centros educativos en todo el país para impartir rehabilitación académica a estudiantes de pre media y media que reprobaron hasta tres materias.

La distribución regional de estos centros revela una fuerte concentración territorial. La Comarca Ngäbe-Buglé encabeza la lista con 19 colegios habilitados, seguida por Chiriquí con 13 planteles y Panamá Oeste con 12, regiones donde el volumen de estudiantes aplazados es elevado.

En otras áreas del país, el programa se desarrolla en seis colegios de Bocas del Toro, cinco en Colón y cinco en Panamá Centro, mientras que Darién cuenta con cuatro planteles, Coclé con tres, y tanto Panamá Este como Panamá Norte con un centro educativo cada uno  autorizado para el proceso.

Esta distribución confirma que el PRAE no se aplica de forma universal, sino focalizada en determinados planteles donde se concentran altos volúmenes de estudiantes.

El dirigente educativo Luis Sánchez fue contundente al cuestionar el modelo y advirtió que el programa ha perdido su sentido pedagógico original.

“La rehabilitación académica se ha convertido en un trámite para maquillar estadísticas. Aquí no se está recuperando el aprendizaje, se está administrando el fracaso”, afirmó.

Sánchez explicó que el problema no nace en la educación media, sino mucho antes.

“Tenemos estudiantes que llegan a séptimo grado sin comprender lo que leen o sin dominar operaciones básicas. Pretender resolver eso en cuatro o cinco semanas es una ilusión peligrosa”, sostuvo.

El educador cuestionó además que el ministerio siga apostando por un modelo tardío.

“Si el Meduca invirtiera esos recursos en tutorías tempranas, refuerzos durante el año escolar y acompañamiento real al docente, otra sería la historia. Pero es más fácil empujar todo al verano y cobrar”, señaló.

Para Sánchez, el alcance del programa evidencia que el problema ya es estructural.

Usted sabe quién decide realmente qué docentes dictan las rehabilitaciones en cada colegio?, se le preguntó al dirigente.

«En la práctica, estas decisiones no responden a criterios técnicos ni públicos. Generalmente quedan en manos de directivos o coordinadores, sin concursos, sin actas formales y sin participación de los colectivos docentes, a diferencia de sistemas educativos consolidados», advirtió.

El dirigente explicó que la  discrecionalidad es evidente y sostenida en el tiempo, lo que genera desigualdades, conflictos internos y pérdida de credibilidad institucional.

“Cuando hablamos de casi 90 escuelas habilitadas, ya no estamos ante una excepción, sino ante un sistema paralelo que el propio ministerio permite sin reglas claras ni supervisión efectiva”, advirtió.

“Se mueven miles de dólares cada verano dentro de las escuelas públicas sin mecanismos públicos de rendición de cuentas. Eso no resiste el menor análisis administrativo”, puntualizó.

Reconoció que el programa se ha convertido en un mecanismo de incentivo económico para los docentes  que en algunos casos desvirtúan el sentido pedagógico del proceso. 

«En sistemas educativos que han avanzado, la recuperación forma parte del proceso regular y no representa un ingreso adicional», destacó.

Por su parte, el dirigente magisterial Humberto Montero defendió la existencia de lineamientos administrativos y de listas de docentes elegibles manejadas por las direcciones regionales, pero reconoció fallas profundas en el modelo.

“Lo que no se aprendió en un año no se puede aprender en un mes. Sin embargo, prácticamente todos pasan. Eso es inadmisible”, admitió.

El dirigente aseguró que aunque los 2 dólares  por estudiante se destinan a materiales didácticos, reconoció que el programa requiere una revisión integral.

“Pasan miles de estudiantes todos los años por este proceso y eso no puede ser normal. Algo estructural está fallando”, afirmó.

Pese a su magnitud, el Meduca no cuenta con un reglamento público detallado que explique con claridad cómo se designan los coordinadores, cómo se administran los fondos ni quién fiscaliza el dinero recaudado.

En la práctica, el ministerio autoriza el cobro, pero se desentiende de la ejecución, permitiendo que la rehabilitación académica funcione como una concesión educativa tolerada dentro del sistema público.

Panamá registra cada año decenas de miles de estudiantes aplazados, confirmando que el modelo no corrige el rezago, sino que lo reproduce.

Mientras otros países apuestan por tutorías tempranas y acompañamiento permanente, el sistema panameño continúa aplicando soluciones tardías, normalizando el fracaso escolar y la ganancia privada dentro de la escuela pública.