Residentes de Los Toneles reclaman $2.5 millones por daños y presuntas conexiones ilegales a Grupo Suárez empresas de los hermanos del exministro Federico Suárez
Redacción La Verdad Panamá
La Junta Directiva de la Asamblea de Copropietarios del PH Los Toneles, compuesto por las torres A y B, presentó una demanda civil por 2 millones 596 mil 724 dólares con 60 centésimos contra la Constructora Suárez, S.A. y la Promotora El Tecal, S.A., a las que atribuye daños estructurales, cobros indebidos por servicios públicos y presuntas conexiones ilegales de agua y electricidad en el complejo residencial ubicado en la ciudad de Panamá.
La acción judicial que alcanza a las empresas representadas por los hermanos del exministro del MOP, Federico “Pepe” Suárez, Ana Isabel Suárez Cedeño y Juan Manuel Suárez Cedeño fue presentada ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y busca que se reconozcan los perjuicios económicos y materiales que, según los demandantes, afectan a los propietarios de los apartamentos y las áreas comunes del inmueble.
El reclamo incluye supuestas deudas por el consumo ilegal de agua y electricidad por el edificio que ocupa la Defensoría del Pueblo, daños estructurales, gastos de reparación, perjuicios morales y supuestas deudas por el consumo de agua y electricidad, además de cuestionamientos sobre el manejo de un área social del complejo inmobiliario.
Los propietarios del residencial sostienen que los problemas se arrastran desde hace varios años y que los propietarios han tenido que asumir costos que, a su juicio, corresponden a las empresas vinculadas con la construcción y promoción del proyecto.
Facturas de agua superaban los mil dólares
Uno de los principales señalamientos de la demanda está relacionado con las facturas por el consumo de agua de las áreas comunes del residencial, que durante más de diez años habrían superado los mil dólares mensuales.
Según el escrito, la situación llamó la atención de la nueva junta directiva, que decidió investigar las causas de los elevados cobros y revisar las instalaciones del complejo.
La demanda señala que se realizó una investigación ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), luego de detectarse que el contrato del servicio de agua del PH Los Toneles Comercial, donde funciona la Defensoría del Pueblo, aparecía registrado con el mismo número de finca del residencial.
El documento sostiene que el edificio comercial no contaba con un medidor propio para el suministro de agua y que, en junio de 2022, se instalaron medidores que permitieron reducir notablemente el consumo facturado al residencial.
La parte demandante afirma que, después de esa instalación, el monto mensual por el consumo de agua de las áreas comunes pasó de superar los mil dólares a menos de cien dólares.
El escrito también denuncia presuntas conexiones ilegales de agua en ocho locales comerciales ubicados en la planta baja del complejo, que serían propiedad de la Promotora El Tecal, S.A.
De acuerdo con la demanda, esas instalaciones habrían estado conectadas a los medidores del residencial sin contar con un sistema de medición independiente, lo que habría generado gastos que los copropietarios consideran ajenos a sus obligaciones.
La Defensoría del Pueblo aparece en el reclamo por electricidad
La demanda también menciona a la Defensoría del Pueblo, debido a que sus instalaciones funcionan en el edificio PH Los Toneles Comercial, contiguo al residencial.
Según el documento, las facturas por el consumo de electricidad de las áreas comunes del PH Los Toneles, torres A y B, reflejaban montos elevados que motivaron la contratación de una empresa especializada para determinar las causas del gasto.
Los propietarios del residencial sostienen que un estudio técnico realizado en 2025 y 2026 identificó conexiones eléctricas que vinculaban el suministro del residencial con instalaciones del edificio comercial ocupado por la Defensoría del Pueblo.
Entre los equipos señalados en el escrito figuran el sistema de aire acondicionado del auditorio del edificio de la Defensoría del Pueblo, aparatos de seguridad, cámaras, televisores y otros dispositivos eléctricos que, según la demanda, estaban conectados a los tableros principales que abastecen al residencial.
El documento afirma que esas conexiones habrían provocado que los residentes asumieran sin su consentimiento parte del consumo eléctrico de las instalaciones comerciales, pese a que correspondía a otro inmueble a lo largo de 15 años.
La demanda también señala que se detectaron cables eléctricos conectados de manera irregular y que las instalaciones compartían conexiones que debían estar separadas.
Los copropietarios sostienen que estas situaciones generaron cobros que no les correspondían y solicitan que se reconozcan las sumas reclamadas por los servicios de electricidad y agua que alcanza los 300 mil dólares.
Informes advierten sobre daños estructurales
Otro de los aspectos centrales del proceso judicial es el estado de la estructura del PH Los Toneles, cuyos propietarios aseguran que presenta deterioros que comprometen la seguridad del inmueble.
La demanda señala que desde 2015 los residentes comenzaron a presentar reclamos a la promotora por desprendimientos de repello en el interior de los apartamentos, problemas que, según el escrito, continuaron hasta alcanzar áreas comunes del edificio.
Ante la persistencia de los daños, la junta directiva del residencial contrató expertos para evaluar las condiciones de la estructura y determinar la magnitud de los deterioros.
El documento cita informes técnicos de W.P. Moore y de la Universidad Tecnológica de Panamá que, según la parte demandante, identificaron corrosión del acero de refuerzo y deterioro en elementos de concreto.
La demanda sostiene que los informes advirtieron sobre un proceso de corrosión que afectaba componentes estructurales del edificio, con posibles consecuencias para la seguridad de sus ocupantes.
También se menciona un informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), fechado el 11 de enero de 2021, que habría advertido sobre un riesgo potencial de lesiones o fatalidades humanas asociado a las condiciones del inmueble.
Los copropietarios sostienen que los daños requieren reparaciones y trabajos especializados para evitar que continúe el deterioro de la estructura y se agraven los riesgos para los residentes.
Reclaman $2.5 millones por daños y perjuicios
La demanda establece una cuantía de B/.2,596,724.60, que incluye distintos conceptos relacionados con los daños que, según los demandantes, han afectado al residencial.
Entre los rubros reclamados figuran 900 mil dólares por daños estructurales y 760 mil dólares por daño moral, además de gastos legales, reparaciones, peritajes y deudas atribuidas al consumo de agua y electricidad.
El documento también incluye 300 mil dólares por supuestas deudas de servicios de luz y agua, así como 63 mil 153 dólares con 74 centésimos por el consumo de agua que los demandantes atribuyen a ocho locales comerciales.
A estas sumas se agregan gastos por reparaciones de infraestructura, evaluaciones técnicas y otros desembolsos que, según la junta directiva, han sido necesarios para atender los problemas del complejo.
Otro de los puntos cuestionados es el área social del residencial, cuya situación registral y valor económico son objeto de reclamo por parte de los copropietarios.
La demanda sostiene que el área social habría sido registrada inicialmente con un valor de aproximadamente 1.6 millones de dólares, pero que posteriormente su valor fue reducido a 100 dólares, situación que los residentes consideran perjudicial para sus intereses.
Los demandantes solicitan que se reconozcan los daños económicos y materiales atribuidos a las empresas señaladas y que se ordene el pago de las sumas reclamadas, sujetas a la valoración judicial correspondiente.
La acción civil presentada busca que se determinen las responsabilidades de las empresas de los hermanos Suárez (Constructora Suárez S.A. y la Promotora El Tecal, S.A) en los hechos expuestos por la junta directiva del colectivo.