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Sancionan al Contralor por desacato al no devolver dinero por orden judicial

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

La abogada Jennifer Fuentes denunció que la Contraloría General de la República aún no devuelve unos 700 mil dólares que fueron incautados a su cliente, pese a que un juez de garantías ordenó su devolución desde mayo de 2022.

Fuentes explicó que este caso data de 2019, cuando en Panamá se inició una investigación por una denuncia relacionada con dineros de inversión provenientes de Brasil que se encontraban en un banco panameño.

«Mi representado es un simple vendedor brasileño de esas inversiones que se hacían en este banco. Se hace una investigación, fiscalía busca, revisa, no encuentra nada. No ve nada, no hay nada, y se ordena el archivo de la carpetilla», relató la abogada.

Sin embargo, los ahorros de toda la vida de su cliente, que ascendían a unos 700 mil dólares en una cuenta de inversión, fueron incautados por la Fiscalía pretendiendo vincularlos con la investigación, a pesar de que el hombre nunca fue imputado, sino solo indiciado, dijo.

Orden judicial de devolución desde mayo 2022

Fuentes señaló que en 2022 se ordenó la devolución de los dineros a través de un tribunal de garantías en el Sistema Penal Acusatorio.

Una jueza de garantías ordenó desde mayo de 2022 que se devolvieran los dineros que se encuentran depositados en el Banco Nacional, provenientes de una casa de valores que fue liquidada.

«Tengo que felicitar que de manera muy diligente el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), realizó todos los pasos que el expediente requiere para que el dinero sea devuelto, pero se necesita el refrendo del Contralor de la República, y ahí es donde todo, todo se trabó y se dañó», expresó la abogada.

Expediente trancado en Contraloría por más de un año

Fuentes indicó   en el programa del periodista y abogado Julio Miller  en KW Continente, que el expediente se encuentra trancado en la Contraloría desde hace más de un año, a pesar de que se han realizado todos los trámites requeridos, incluyendo la traducción y apostilla del poder de su cliente, que es de nacionalidad brasileña.

«Lo único que se requiere es el refrendo del Contralor General, porque todo lo demás está en correcto. Yo no estoy pidiendo que me paguen una cuenta del Estado. Es un dinero que está aprehendido, que está allí», manifestó.

Tras insistir en la Contraloría sin obtener respuesta, el Contralor envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas cuestionando aspectos de la transcripción del oficio y los delitos imputados, a pesar de que una jueza ya había ordenado la devolución del dinero.

Jueza ordena devolución en 15 días y sanciona a Contralor por desacato

Ante esta situación, la abogada solicitó una audiencia de afectación de derechos, en la cual la jueza, tras escuchar el recorrido del caso, ordenó a la Contraloría devolver el dinero en 15 días calendario.

Posteriormente, otra jueza le dio cinco días hábiles a la Contraloría para presentar sus alegatos.

Sin embargo, cuando se intentó obtener información sobre el estatus del expediente, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como Tesorería se negaron a brindar detalles, alegando que no tenían acceso al expediente.

Ante el incumplimiento de la Contraloría, se realizó una audiencia de desacato, en la cual el representante de la Contraloría se excusó argumentando un error en la citación.

No obstante, la jueza sancionó al Contralor General de la República con una multa de 200 dólares por desacato en el ejercicio de sus funciones.

Dinero sigue sin ser devuelto pese a órdenes de 3 jueces

Fuentes cuestionó cómo se puede esperar que haya inversión extranjera en Panamá si una persona llega al país, pone su dinero y, a pesar de que tres jueces de la República han ordenado su devolución, la Contraloría General de la República se niega a cumplir.

«Yo le apuesto a usted que como el caso de nosotros hay un montón de personas más que por una coma, un punto, no le quieren dar los dineros que le pertenecen», afirmó la abogada.

Fuentes señaló que además de los 700 mil dólares iniciales, hay otros 200 mil dólares en bonos y acciones que también deben pasar por el mismo proceso de devolución, lo que representa una triple afectación para su cliente, quien debe reportar y pagar impuestos en Brasil por un dinero que no puede utilizar.

La abogada cuestionó qué es lo que hay detrás de la resistencia de la Contraloría a respetar los fallos judiciales y devolver un dinero que no pertenece al Estado, sino a su cliente.