Se repartieron el pastel: los millones de la descentralización que nunca llegaron a Don Ramón
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
Don Ramón vive en lo alto de las montañas de Veraguas. Agricultor de subsistencia, su vida se define por cultivar apenas lo necesario para sobrevivir. Cada día, la sequía, los caminos destruidos y las enfermedades en su familia ponen a prueba su resistencia.
Cuando acude a la junta comunal del corregimiento donde vive en busca de apoyo, siempre recibe la misma respuesta: no hay fondos.
Mientras Don Ramón lucha por lo mínimo, los fondos destinados a mejorar su comunidad y la de miles de panameños fueron desviados y utilizados de manera irregular.
Contratos fantasmas, obras inconclusas y empresas inexistentes sirvieron para justificar desembolsos que, según las investigaciones, terminaron en manos de unos pocos.
Lo que debía aliviar la pobreza se convirtió en un pastel que algunos representantes de corregimiento se repartieron entre ellos.
El origen del escándalo y la millonada bajo investigación
Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), los programas de descentralización prometían fortalecer las alcaldías y juntas comunales. Sin embargo, auditorías internas y denuncias ciudadanas revelaron irregularidades en los desembolsos.
La Autoridad Nacional de Descentralización (AND), bajo la dirección de Roxana Méndez, remitió a la Fiscalía Anticorrupción 280 denuncias relacionadas con posibles malos manejos por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares.
Estas cifras incluyen pagos a proveedores inexistentes, proyectos inconclusos y contratos con empresas fantasmas.
El presidente José Raúl Mulino, al referirse a las investigaciones, calificó la situación de un acto de corrupción de grandes proporciones.
Detenidos y audiencias
Hasta el momento, se ha imputado a una cantidad importante de representantes y exrepresentantes, tesoreros y hasta alcaldes y exalcaldes, acusados de supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de descentralización.
Las audiencias se desarrollan bajo el Sistema Penal Acusatorio, y en algunos casos se han dictado medidas cautelares alternativas como reporte periódico, casa por cárcel o país por cárcel.
La Fiscalía sigue recabando pruebas mientras la opinión pública sigue atenta al avance de cada procedimiento.
El impacto en la ciudadanía
Los efectos del desfalco son palpables: aceras sin terminar, caminos deteriorados, escuelas y centros de salud abandonados.
Para ciudadanos como Don Ramón, la sensación es de abandono y frustración. Lo que debía llegar a sus manos como ayuda directa se convirtió en una disputa política y financiera entre funcionarios y contratistas.
Análisis legal: Luis Fuentes Montenegro
El abogado y analista político Luis Fuentes Montenegro ofrece un panorama claro sobre las implicaciones legales y sociales del caso:
“La responsabilidad penal sobre el manejo indebido de los fondos públicos es un deber inalienable de toda persona que ejerza como funcionario público, sea representante de corregimiento, de cualquier otra categoría o investidura.
Destacó que el dilema en el país es que el mismo rigor que se le quiere aplicar a los representantes también debe aplicarse en otros casos de malos manejos que se han dado.
Fuentes Montenegro subraya la diferencia entre el linchamiento mediático y la acción judicial:
“Mediáticamente se hacen linchamientos, pero jurídicamente preexiste una presunción de inocencia y un debido proceso que debe cumplirse. De lo contrario, se puede pecar de show y cortinas de humo”.
Sobre el uso de detenciones como herramienta política:
“Las detenciones no son instrumentos para ganar confianza de la ciudadanía. Solo deben aplicarse si existen méritos probatorios. De lo contrario, la justicia penal se convierte en un circo para las maniobras de popularidad y aceptación”.
Fuentes Montenegro también cuestiona la selectividad de la justicia:
“De que hubo irregularidades en el manejo de fondos por algunos representantes de corregimiento, eso parece ser una verdad. Pero el punto es, si solo son los representantes, ¿por qué no se ahonda en otras personas que pueden tener implicaciones, por ejemplo, de la Contraloría, de los implicados desde la Presidencia de la República? ¿Por qué se omiten? ¿Por qué pasan agachados? Esto sí es extraño, curiosamente selectivo, pues la justicia parece que ve solo hacia un lado, y hacia otros se hace el ciego”. Además, destaca que no todos los representantes son corruptos.
“Algunos hicieron presentaciones y manejos de sus gastos de forma prístina y plausible, pero eso no se dice ni se quiere decir. Es como si de pronto, muy en el fondo, existiese una campaña contra el cargo de representante, contra la figura en sí”.
Finalmente, contextualiza el escándalo dentro de la corrupción general:
“Este caso es grave, sí, pero no es el único ni el más espeluznante. Hay casos mucho más espeluznantes en donde no se hace ni se dice nada. Toda irregularidad debe investigarse, pero que no sean investigaciones selectivas. Que la teja penal le caiga a quien le deba caer y no solo para algunos”.
Don Ramón y el pastel que nunca llegó
Mientras los expedientes se abren y los políticos dan sus versiones, Don Ramón sigue esperando ayuda. Lo que debía ser inversión en infraestructura, educación y salud, terminó convertido en un banquete de privilegios para unos pocos.
La gran pregunta sigue abierta: ¿Cuándo llegará el día en que el pastel de la descentralización se reparta justamente y no se lo coman siempre los mismos?
Mientras tanto, Don Ramón y miles de ciudadanos continúan observando, con la esperanza de que la justicia no sea selectiva y el dinero público vuelva a servir a quienes realmente lo necesitan.
Don Ramón vive en lo alto de las montañas de Veraguas. Agricultor de subsistencia, su vida se define por cultivar apenas lo necesario para sobrevivir. Cada día, la sequía, los caminos destruidos y las enfermedades en su familia ponen a prueba su resistencia.
Cuando acude a la junta comunal del corregimiento donde vive en busca de apoyo, siempre recibe la misma respuesta: no hay fondos.
Mientras Don Ramón lucha por lo mínimo, los fondos destinados a mejorar su comunidad y la de miles de panameños fueron desviados y utilizados de manera irregular.
Contratos fantasmas, obras inconclusas y empresas inexistentes sirvieron para justificar desembolsos que, según las investigaciones, terminaron en manos de unos pocos.
Lo que debía aliviar la pobreza se convirtió en un pastel que algunos representantes de corregimiento se repartieron entre ellos.
El origen del escándalo y la millonada bajo investigación
Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), los programas de descentralización prometían fortalecer las alcaldías y juntas comunales. Sin embargo, auditorías internas y denuncias ciudadanas revelaron irregularidades en los desembolsos.
La Autoridad Nacional de Descentralización (AND), bajo la dirección de Roxana Méndez, remitió a la Fiscalía Anticorrupción 280 denuncias relacionadas con posibles malos manejos por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares.
Estas cifras incluyen pagos a proveedores inexistentes, proyectos inconclusos y contratos con empresas fantasmas.
El presidente José Raúl Mulino, al referirse a las investigaciones, calificó la situación de un acto de corrupción de grandes proporciones.
Detenidos y audiencias
Hasta el momento, se ha imputado a una cantidad importante de representantes y exrepresentantes, tesoreros y hasta alcaldes y exalcaldes, acusados de supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de descentralización.
Las audiencias se desarrollan bajo el Sistema Penal Acusatorio, y en algunos casos se han dictado medidas cautelares alternativas como reporte periódico, casa por cárcel o país por cárcel.
La Fiscalía sigue recabando pruebas mientras la opinión pública sigue atenta al avance de cada procedimiento.
El impacto en la ciudadanía
Los efectos del desfalco son palpables: aceras sin terminar, caminos deteriorados, escuelas y centros de salud abandonados.
Para ciudadanos como Don Ramón, la sensación es de abandono y frustración. Lo que debía llegar a sus manos como ayuda directa se convirtió en una disputa política y financiera entre funcionarios y contratistas.
Análisis legal: Luis Fuentes Montenegro
El abogado y analista político Luis Fuentes Montenegro ofrece un panorama claro sobre las implicaciones legales y sociales del caso:
“La responsabilidad penal sobre el manejo indebido de los fondos públicos es un deber inalienable de toda persona que ejerza como funcionario público, sea representante de corregimiento, de cualquier otra categoría o investidura.
Destacó que el dilema en el país es que el mismo rigor que se le quiere aplicar a los representantes también debe aplicarse en otros casos de malos manejos que se han dado.
Fuentes Montenegro subraya la diferencia entre el linchamiento mediático y la acción judicial:
“Mediáticamente se hacen linchamientos, pero jurídicamente preexiste una presunción de inocencia y un debido proceso que debe cumplirse. De lo contrario, se puede pecar de show y cortinas de humo”.
Sobre el uso de detenciones como herramienta política:
“Las detenciones no son instrumentos para ganar confianza de la ciudadanía. Solo deben aplicarse si existen méritos probatorios. De lo contrario, la justicia penal se convierte en un circo para las maniobras de popularidad y aceptación”.
Fuentes Montenegro también cuestiona la selectividad de la justicia:
“De que hubo irregularidades en el manejo de fondos por algunos representantes de corregimiento, eso parece ser una verdad. Pero el punto es, si solo son los representantes, ¿por qué no se ahonda en otras personas que pueden tener implicaciones, por ejemplo, de la Contraloría, de los implicados desde la Presidencia de la República? ¿Por qué se omiten? ¿Por qué pasan agachados? Esto sí es extraño, curiosamente selectivo, pues la justicia parece que ve solo hacia un lado, y hacia otros se hace el ciego”. Además, destaca que no todos los representantes son corruptos.
“Algunos hicieron presentaciones y manejos de sus gastos de forma prístina y plausible, pero eso no se dice ni se quiere decir. Es como si de pronto, muy en el fondo, existiese una campaña contra el cargo de representante, contra la figura en sí”.
Finalmente, contextualiza el escándalo dentro de la corrupción general:
“Este caso es grave, sí, pero no es el único ni el más espeluznante. Hay casos mucho más espeluznantes en donde no se hace ni se dice nada. Toda irregularidad debe investigarse, pero que no sean investigaciones selectivas. Que la teja penal le caiga a quien le deba caer y no solo para algunos”.
Don Ramón y el pastel que nunca llegó
Mientras los expedientes se abren y los políticos dan sus versiones, Don Ramón sigue esperando ayuda. Lo que debía ser inversión en infraestructura, educación y salud, terminó convertido en un banquete de privilegios para unos pocos.
La gran pregunta sigue abierta: ¿Cuándo llegará el día en que el pastel de la descentralización se reparta justamente y no se lo coman siempre los mismos?
Mientras tanto, Don Ramón y miles de ciudadanos continúan observando, con la esperanza de que la justicia no sea selectiva y el dinero público vuelva a servir a quienes realmente lo necesitan.