Selectividad, impunidad y presiones: la justicia penal bajo fuego en el 2025
Abogados advierten deterioro de la justicia penal
Por: Javier Collins Agnew/ La Verdad Panamá
La administración de justicia en Panamá arrastra una percepción ciudadana cada vez más negativa, centrada principalmente en el ámbito penal, donde se cuestiona la independencia judicial, la selectividad de los procesos y la falta de certeza del castigo, advirtieron los abogados Luis Fuentes Montenegro y Marco Austin, al hacer un balance del sistema judicial durante 2025.
Fuentes Montenegro sostuvo que la evaluación desfavorable no debe extenderse de forma automática a todas las jurisdicciones, ya que existen diferencias sustanciales entre la justicia penal, civil y contencioso-administrativa.
Sin embargo, reconoció que es precisamente en el área penal donde se concentran los mayores señalamientos de parcialidad, presuntas confabulaciones políticas y ausencia de independencia real.
“El problema está focalizado en la justicia penal. Ahí se percibe selectividad, trato diferenciado y una sensación de que el poder político y económico influye en las decisiones”, afirmó.
El jurista advirtió que los máximos jerarcas del sistema judicial deben reforzar de manera urgente la independencia judicial penal, ya que la falta de acciones correctivas podría derivar en “situaciones sociales muy desafortunadas” a corto plazo.
Ministerio Público, en crisis de credibilidad
En relación con el Ministerio Público, Fuentes Montenegro fue contundente al señalar que la institución enfrenta desde hace años una imagen en deterioro, y que el relevo del Procurador General, por sí solo, no garantiza cambios estructurales.
“A lo interno subsisten redes y subestructuras que se autoprotegen, se otorgan beneficios y encubren prácticas cuestionables. Hay fiscales muy capaces, pero esas redes no les dan espacio”, afirmó, señalando que la selectividad en las actuaciones depende muchas veces de “quién eres y qué poder tienes”.
A su juicio, la eficacia del Ministerio Público está “maltrecha” y cualquier transformación profunda será compleja, debido a normativas internas creadas para preservar privilegios y dificultar cambios reales en la carrera fiscal.
Ciudadano común, la principal víctima
Fuentes Montenegro subrayó que el ciudadano común se siente desprotegido frente al sistema, al percibir que existen “dos clases de justicia”: una complaciente con los poderosos y otra implacable con quienes no cuentan con influencia política ni ventajas económicas. Existen “dos clases de justicia”: una complaciente con los poderosos y otra implacable con quienes no cuentan con influencia política ni ventajas económicas.
En ese contexto, respaldó la reciente destitución de una fiscal, sin detallar el caso al considerar que está “sólidamente fundamentada” y debe servir como mensaje claro de que ningún funcionario puede ampararse en su investidura para abusar o extralimitarse.
“Si un fiscal no actúa con corrección, no debe ser fiscal. No puede haber intocables”, sentenció.
“No existe independencia judicial real”, afirma Austin
Por su parte, el abogado Marco Austin coincidió en que la administración de justicia durante 2025 ha favorecido más a intereses internos que al beneficio del pueblo panameño, especialmente en fallos relacionados con problemas sociales de alto impacto.
“Independencia real no existe. Hay injerencia entre órganos del Estado y eso impide que la justicia se aplique de manera imparcial”, sostuvo.
Austin indicó que el Ministerio Público podría trabajar mucho mejor en favor de la población, pero su gestión se ha visto afectada por interferencias externas y una alta percepción de impunidad, lo que debilita gravemente la credibilidad institucional.
“La gran deuda del sistema judicial es la certeza del castigo, tanto en los casos de alto perfil como en los que no lo son. La justicia debe ser eficaz para todos”, afirmó.
Sobre recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con fiscales, Austin advirtió que se evidencia la ausencia de una verdadera carrera judicial en el Ministerio Público, lo que considera peligroso para la imparcialidad de las investigaciones.
“La Corte, con estas decisiones, ratifica que en Panamá no existe una administración de justicia plenamente imparcial. Más allá de si un fiscal actuó bien o mal, lo que debe prevalecer es el estricto cumplimiento del debido proceso en todos los casos”, concluyó.