Sigue el crimen organizado penetrando las estructuras de los partidos políticos
Cuatro abogados destapan la radiografía cruda de cómo el narcotráfico perfora los partidos políticos panameños
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La infiltración del narcotráfico en los partidos políticos dejó de ser una sospecha y se convirtió en una realidad documentada por décadas.
Cuatro abogados, con trayectorias en derecho constitucional, justicia penal y análisis político, trazan una alerta y hacen sonar las alarmas: Panamá coquetea peligrosamente con los síntomas de un narcoestado.
Para Marco Austin, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional «el narcotráfico, si no controla los partidos políticos ahora, entonces está cerca”, dijo sin titubeos.
Austin recuerda que la filtración no es nueva. “Ya desde el año noventa y cuatro, cuando se filtró que entró en la campaña de Ernesto Pérez Balladares dinero del colombiano José Castrillón Henao, comenzó la infiltración”, advirtió.
Para el constitucionalista, el problema medular está en la debilidad del sistema panameño para controlar la entrada de dinero sucio.
“Las leyes aquí son muy blandas con las donaciones. Se ha tratado de poner freno y control, hasta se ha puesto un límite, pero es muy difícil poder encontrar de dónde viene ese dinero”.
Austin remarca que las investigaciones por vínculos narcopolíticos “son reales, no es invento” y lanza un dardo directo al corazón institucional.
“El crimen organizado ya se ha filtrado en los partidos políticos y en la sociedad civil. Si lo dejamos, cada día este país se puede convertir en un narcoestado”, advirtió.
Su receta es clara: “Fortalecer las instituciones de control y darle mayor poder al Ministerio Público para que haya mayor eficacia y castigo en las investigaciones correspondientes”.
Quien también ve este fenómeno como una vieja sombra que crece es el abogado y exdiputado Guillermo Cochez, que afirmó que el narcotráfico se ha infiltrado en los partidos políticos desde hace mucho tiempo.
Cochez recuerda episodios dentro del PRD, incluido el asesinato de un exdiputado involucrado en actividades ilícitas y advierte que los mismos patrones se han repetido en el Partido Panameñista, el Partido Popular y otros colectivos.
Según el exlegislador, la raíz del problema es la puerta abierta que los partidos les dejan a cualquiera que llegue con recursos.
“Permiten que cualquier persona entre al partido, inclusive aspire a posiciones sin ningún tipo de investigación de su pasado o antecedentes. Eso es penoso”.
Según Cochez, el desprestigio de los partidos es resultado directo de “esa falta de controles y el poder económico que tienen las bandas de narcotráfico”.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, pone un matiz jurídico sobre la mesa y advierte contra los señalamientos sin sustento.
“Esto no es un tema abstracto. Cuando se dice ‘el narcotráfico controla decisiones’, debe individualizarse qué persona condenada por narcotráfico participa en decisiones políticas”, explicó.
Araúz enfatiza que nadie sin condena puede ser etiquetado como narcotraficante y que los partidos, como instituciones públicas, enfrentan un dilema: “¿Cómo negarle participación política a quien no ha sido condenado por este delito?”.
A su juicio, la discusión tiene un componente social más que legal, pues en un estado de derecho “quien no ha sido condenado mantiene los mismos derechos que cualquier ciudadano”.
Desde la óptica del análisis judicial, Luis Fuentes Montenegro es categórico en que la penetración viene de lejos. “A finales de la dictadura un diputado fue detenido en Estados Unidos y después hubo un escándalo por fondos que penetraron campañas presidenciales, recordó.
Tras el gobierno de Guillermo Endara, informes de inteligencia ya veían con preocupación la penetración del narcotráfico en los partidos, no solo para campañas, sino para controlar cargos internos”, sostuvo Fuentes Montenegro.
A su juicio al día de hoy, el fenómeno está más avanzado de lo que la ciudadanía percibe.
“Hay una presencia preocupante porque se revela solo cuando hay confrontaciones de grupos e intereses; cuando no, pasa desapercibido, incluso se acepta por más de uno. Todos los partidos y los grupos independientes son vulnerables”, añadió.
El jurista desmonta el argumento de que la falla es legal. “No son las normas las que fallan. Fallan las personas que controlan los entes de aplicación e interpretación de la ley y hasta fiscales, jueces y magistrados también pueden caer en las redes del narcotráfico por motivaciones económicas”.
Acusa frontalmente a la justicia penal: “En Panamá se hace ciega, sorda, muda, cómplice y encubre. Va en un derrotero lastimoso, y eso motiva a los narcos a entrar en la política para ser impunes”.
Fuentes Montenegro no se guardó nada: “Creo que hay sinvergüenzura en investigar estos casos. Algunos fiscales, jueces y magistrados juegan para congraciarse con el poder político”.
Las cuatro voces hablaron alto y claro, brindando un diagnóstico compartido: la política panameña tiene grietas por donde el narcotráfico ya se coló.