Un permiso, cabañas sobre el mar y un muelle en manglar: Fiscalía pide seis años para ingeniero municipal de Bocas
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Seguridad Colectiva y otros delitos de Bocas del Toro, pidió una condena de seis años de prisión para el ingeniero municipal José Manuel Sánchez Saldaña, a quien acusa de un delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial por la aprobación de permisos para un proyecto turístico en Isla Solarte, corregimiento de Bastimentos.
El Ministerio Público solicitó una pena de 72 meses de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la condena, al considerar que el funcionario incurrió en una infracción contemplada en el artículo 419 del Código Penal.
Según la acusación presentada el 22 de abril de 2026 ante el Juez de Garantías de Bocas del Toro, Sánchez Saldaña se desempeñaba como ingeniero municipal del Departamento de Obras y Proyectos de la Descentralización cuando aprobó, el 27 de febrero de 2023, el permiso de construcción N.° 25-02-2023.
El permiso correspondía a un proyecto promovido por el ciudadano alemán Alfred Gernot Ramrath, representante legal de AGRSS Asset Management, posteriormente identificado en la documentación como Coral Bays. La obra contemplaba una residencia, cinco búngalos y una estructura para botes en Isla Solarte.
Para la Fiscalía, el problema central radica en que el permiso habría sido aprobado sin que se cumplieran las exigencias relacionadas con el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental que correspondían al proyecto.
Una inspección encontró estructuras sobre el fondo marino
El caso adquirió especial relevancia después de una inspección realizada por funcionarios del Ministerio de Ambiente el 24 de marzo de 2023. Durante un recorrido marítimo en el área de Solarte fueron detectadas obras en construcción vinculadas al proyecto.
El Informe Técnico N.° DRBT-SEVEDA-VD-1903-2023 dejó constancia de la existencia de cabañas levantadas sobre pilotes hincados en el fondo marino, precisamente en un área donde se encontraban pastos marinos y, en las inmediaciones, una franja de corales.
Los inspectores también documentaron un muelle de aproximadamente 60 metros de largo por 1.5 metros de ancho, con unos 90 metros cuadrados de superficie, construido sobre un ecosistema de mangle blanco.
En el lugar se encontró además un letrero que anunciaba la construcción de cinco búngalos, una residencia y una casa para botes.
Un segundo informe técnico de Mi Ambiente, fechado el 22 de julio de 2024 y identificado como DRBT-SEVEDA-VD-4107-2024, fue incorporado igualmente a la investigación y recoge nuevos elementos relacionados con las obras y el proceso de evaluación ambiental.
La oposición que puso el proyecto bajo la lupa
La controversia también tuvo como punto de partida la oposición presentada por Luz Lucina Lawrence de León, residente en Isla Carenero, quien cuestionó la ejecución de las obras y alegó que el proyecto había sobrepasado determinados límites de su propiedad y ocupado áreas frente al mar.
Lawrence acudió ante el propio ingeniero municipal para solicitar la suspensión de los trabajos. Posteriormente, el 19 de junio de 2023, el Departamento de Ingeniería Municipal comunicó al promotor, mediante la Nota N.° 52 DIM-2023, la suspensión temporal del permiso mientras se revisaba la situación denunciada.
La disputa pasó posteriormente al ámbito penal. El abogado Benito Alexis Mojica Aparicio presentó una querella contra Ramrath por hechos relacionados con la ejecución del proyecto y el presunto incumplimiento de normas ambientales y de ordenamiento territorial.
La investigación terminó ampliándose y alcanzó la actuación del funcionario municipal que había intervenido en la aprobación de los permisos. La Fiscalía incorporó al expediente copias autenticadas de los documentos municipales, información de ANATI, Registro Público, Tribunal Electoral, Alcaldía de Bocas del Toro y Ministerio de Ambiente.
Fiscalía apunta al funcionario que aprobó el permiso
Sánchez Saldaña declaró durante una entrevista realizada el 27 de febrero de 2025 que inicialmente había sido expedido el permiso N.° 25-02-2023, pero que posteriormente fue cancelado por formalidades relacionadas con las galeras para botes y se emitió el permiso N.° 28-03-2023, fechado el 6 de marzo de 2023.
El funcionario sostuvo que al promotor se le indicó que debía cumplir con los requisitos exigidos por otras instituciones. Sin embargo, esa explicación no convenció al Ministerio Público, que considera que la aprobación del permiso, bajo las condiciones en que fue emitido, configura la conducta penal investigada.
La Fiscalía anunció 22 elementos de convicción, entre ellos documentos municipales, permisos de construcción, informes de Mi Ambiente, expedientes administrativos y declaraciones testimoniales. También incorporó el nombramiento y acta de toma de posesión de Sánchez Saldaña, así como documentos que llevan su firma.
Entre los testigos anunciados figura el ingeniero municipal de Changuinola Israel José Álvarez Tochez, quien deberá explicar cuáles son las facultades, requisitos y procedimientos que deben cumplirse para la aprobación de permisos de construcción. También declarará el funcionario de Mi Ambiente Porfirio Félix Molina Castillo, relacionado con las inspecciones efectuadas al proyecto.
Lawrence de León también fue anunciada como testigo y deberá explicar ante el tribunal su oposición al proyecto y los perjuicios que, según sostiene, le ocasionaron las actuaciones cuestionadas.
Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó que Sánchez Saldaña sea llevado a juicio oral y condenado a seis años de prisión. No obstante, la acusación todavía deberá ser sometida al contradictorio ante el tribunal competente, que determinará si se configura el delito y si existe responsabilidad penal del funcionario.