Van 800 muertos: afectados por el dietilenglicol amenazan con cierre de calles al no recibir respuestas al aumento de pensiones

Representantes del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida (Cofadesavi), salieron con las manos vacías de una reunión con el gobierno en donde el punto era el aumento de sus pensiones y la agilización de las certificaciones de los afectados.

La reunión se programó tras un cierre de calle a nivel nacional de los afectados y familiares, quienes exigían  la pronta respuesta al tema del aumento de pensiones y la inclusión en la lista oficial de afectados de cientos de personas que aguardan para ser certificadas.

El dirigente de la agrupación Gabriel Pascual, señaló que en la reunión solamente participaron técnicos de las instituciones que guarda relación al tema, funcionarios sin jerarquía que no pudieron dar respuesta a las dos principales peticiones.

Pascual dijo que salió de la reunión con un sabor amargo y amenazó con movilizaciones y cierres de calle a nivel nacional única medida para que puedan ser escuchados a sus legítimas reclamaciones.

Pascual dio un último plazo hasta el próximo 27 de septiembre, para que en una reunión que se celebrará en la presidencia de la República, al más alto nivel, finalmente se les brinde la respuesta a lo que están pidiendo.

En lo que va del año doce personas han muerto a causa del jarabe envenenado con dietilenglicol, medicamento para la tos que consumieron en el año 2006 y que diecisiete años después sigue provocando muerte en los hogares panameños.

Pascual dijo que actualmente la comisión que evalúa los expedientes de las víctimas, prácticamente es una comisión jurídica y no técnica médica que al parecer hasta es un apéndice de la Corte Suprema de Justicia, violando normas e irrespetando los derechos humanos de los afectados.

Esta comisión que está conformada por tres médicos de la Caja de Seguro Social, tres médicos del Ministerio de Salud y un funcionario de Ministerio de Economía y Finanzas que es abogado, está tomando decisiones en base a una interpretación que dio la Procuraduría de la Administración, negándole el derecho a las víctimas ya certificadas, situación que los afecta y que se tiene que resolver.

«La ley del dietilenglicol señala que cuando una persona ya certificada fallece, le corresponderá al viudo hacer el reclamo de ese derecho pero la comisión está negando todos los casos y eso es lo que estamos reclamando «, destacó el dirigente.

Dijo además que están reclamando un aumento a las pensiones, según la realidad actual del costo de la canasta básica, alto costo de la vida que enfrentan todos los panameños.

La pensión actual que reciben las víctimas de dietilenglicol es de 800 dólares mensuales y aspiran a que se les aumente 700 dólares y así elevarla a 1,500 mensuales, pero debido a la situación económica del país están solicitando en este momento 200 dólares para quedar en 1,000, señaló el dirigente.

Los pacientes también reclaman las atenciones médicas, citas y medicamentos y que hagan un acuerdo la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud porque la ley dice que deben trabajar de manera mancomunada.

Desde el 2006 hasta la fecha han muerto más de 800 personas, entre el primer grupo que reconoció el Ministerio Público y los que han muerto a lo largo de estos diecisiete años.

Actualmente 1,006 personas reciben la pensión en su mayoría afectados y otras 4,000 en lista para ser certificadas, mientras el gremio se encuentra luchando para que se reconozca el derecho que tiene el familiar sobreviviente a recibir la pensión, reveló Pascual.