Justicia 2025: entre la intención de cambio y la ley del “depende de quién seas”
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El desempeño del Ministerio Público y del sistema de justicia panameño durante 2025 quedó bajo fuego cruzado.
Dos voces autorizadas del foro jurídico, la abogada Nora Santa y el abogado Guillermo Cochez, coincidieron en un diagnóstico severo: la justicia sigue siendo lenta, selectiva y condicionada por el poder político y económico.
En resumen elegante: no camina; en versión criolla: cojea y a veces ni arranca.
Una justicia que no avanza… y frustra
Para la abogada Nora Santa, la evaluación del año judicial es claramente negativa.
Asegura que los abogados litigantes se enfrentan a un sistema que no aplica la ley como está escrita y que actúa de manera distinta según quién esté sentado en el banquillo.
Santa sostiene que existen muy pocos jueces y fiscales con la valentía de aplicar la norma sin presiones, advirtiendo que hacerlo suele tener un costo personal o profesional.
A su juicio, la supuesta “armónica colaboración” entre los órganos del Estado es más un sarcasmo que una realidad constitucional.
Selectividad, retrasos y audiencias eternas
La jurista también cuestionó la falta de justicia oportuna. Explicó que audiencias que deberían resolverse con rapidez, por tratarse de afectación de derechos pueden tardar meses en celebrarse, mientras que los juicios pueden demorar más de un año en ser fijados.
“El sistema no se da abasto”, advirtió, subrayando que la mora judicial se ha convertido en una constante que debilita la credibilidad institucional y afecta directamente a los ciudadanos.
El eslabón más débil: el sistema penitenciario
Santa amplió su crítica al sistema penitenciario, al que calificó de ineficiente y desorganizado.
Denunció graves deficiencias en la atención médica a los privados de libertad, falta de medicamentos y una burocracia que, según dijo raya en la violación de los derechos humanos.
Afirmó que el Estado mantiene una deuda social, moral y de salud con todos los actores del sistema: abogados, usuarios y detenidos.
Mientras tanto, señaló, sobran funcionarios improductivos en oficinas y faltan trabajadores sociales, psicólogos y personal especializado dentro de los centros penitenciarios.
“La justicia marcha al son que le toquen”
En la misma línea crítica, el abogado Guillermo Cochez afirmó que durante 2025 la justicia panameña ha actuado según conveniencias políticas.
A su juicio, existe una dualidad evidente: unos casos avanzan con rigor y otros reciben un trato preferencial.
Cochez cuestionó que procesos vinculados a figuras cercanas al poder hayan sido favorecidos con medidas menos severas, mientras otros expedientes se exhiben con énfasis mediático.
Para el jurista, esta selectividad es uno de los principales factores que está dañando al país.
Igualdad ante la ley… todavía pendiente
El abogado subrayó que la justicia no puede medirse por afinidades partidistas ni por conveniencia del gobierno de turno.
“Debe ser igual para todos”, recalcó, advirtiendo que mientras se señalan ciertos movimientos financieros, otros montos mucho mayores quedan fuera del foco porque no conviene investigarlos.
Un sistema con intención, pero sin resultados
Ambos juristas coincidieron en que puede existir voluntad de cambio desde la cabeza del Ministerio Público, pero el problema es estructural: funcionarios mal formados, falta de personal idóneo, debilidad institucional y una influencia política persistente.