Blanqueo de millones de dólares quedó expuesto durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en caso Odebrecht
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El segundo día del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcado por la exposición detallada de una compleja danza de millones de dólares, descrita a través de la lectura del auto de llamamiento a juicio, documento que sustenta la acusación del Ministerio Público por presunto blanqueo de capitales vinculado a sobornos pagados por la constructora brasileña.
La jornada se concentró en la lectura de extensos apartados del expediente, donde se describen transferencias bancarias, movimientos financieros y la creación de sociedades utilizadas, según la acusación, para ocultar el origen y destino de los fondos.
A lo largo de la audiencia, el Tribunal fue leyendo pasajes que detallan cómo el dinero habría circulado entre múltiples cuentas y estructuras societarias, dentro y fuera de Panamá, en un entramado diseñado para dificultar su rastreo y facilitar el pago de coimas relacionadas con proyectos de infraestructura pública.
Aunque el segundo día fue estrictamente de lectura, el contenido del auto permitió dejar expuesta, de manera continua, la tesis central de la Fiscalía, que sostiene que los fondos no solo se movieron en grandes montos, sino que siguieron patrones repetitivos destinados a encubrir su procedencia ilícita.
El avance del auto también sirvió para precisar la situación procesal de los imputados que permanecen vinculados al juicio, diferenciándolos de aquellos que quedaron fuera del proceso por acuerdos de pena, rebeldía o por encontrarse amparados por fueros especiales.
Esta depuración de nombres permitió una lectura más ordenada del expediente, enfocada exclusivamente en los acusados que deberán enfrentar la etapa probatoria del proceso, una vez concluya la lectura completa del auto de llamamiento a juicio.
Durante la audiencia, el Tribunal mantuvo un control estricto del desarrollo del acto, recordando a las partes que el juicio es de carácter presencial y que la inasistencia injustificada de abogados defensores podría dar lugar a la designación de defensores públicos.
La advertencia fue interpretada como un mensaje claro de que no se permitirán dilaciones en un proceso que ya acumula varios años desde el inicio de las investigaciones y que ha sido objeto de múltiples suspensiones y reprogramaciones.
Al cierre de la sesión, el Tribunal había avanzado de manera significativa en la lectura del documento, que supera las 400 páginas y constituye la base jurídica sobre la cual se desarrollará el juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
La lectura continuada del auto permitió, además, ofrecer una visión completa del entramado financiero que sustenta la acusación, aun cuando el proceso todavía no entra en la fase de confrontación directa entre la Fiscalía y las defensas.
Ese contraste, que incluirá la presentación de testigos y pruebas documentales, marcará el momento en que la danza de cifras y movimientos descrita en el expediente sea sometida al escrutinio público y a los interrogatorios en sala.
Por ahora, el juicio avanza en una etapa considerada técnica pero clave, en la que queda fijado oficialmente el marco de los hechos que el Tribunal deberá evaluar al momento de dictar una sentencia.
La audiencia fue suspendida a las 6:01 p.m. y se reanudará este miércoles a las 9:00 a.m., con la expectativa de concluir la lectura del auto de llamamiento a juicio.
Con ello, el proceso quedaría finalmente habilitado para entrar en las fases más dinámicas del juicio, donde las cifras, las cuentas y las sociedades descritas en el expediente dejarán de ser solo lectura para convertirse en materia de confrontación judicial.
El caso Odebrecht se origina a partir de las investigaciones iniciadas tras las confesiones de la constructora brasileña sobre el pago sistemático de sobornos en varios países de América Latina, incluyendo Panamá, a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas.
En el país, el proceso penal ha atravesado distintas etapas, acuerdos de colaboración, sobreseimientos y llamados a juicio, en un expediente que se ha extendido por casi una década.
El juicio actual representa una de las últimas fases del caso a nivel local y es observado como una prueba clave para el sistema judicial panameño, tanto por la magnitud de los montos involucrados como por el número de exfuncionarios, empresarios y estructuras financieras señaladas en la investigación.