Fedecámaras advierte que leyes especiales amarran el presupuesto y frenan el ajuste fiscal
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027, presentado por el Gobierno por 35,111 millones de dólares, abrió el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de reformar las leyes especiales que, según el sector empresarial, continúan presionando el gasto estatal.
La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, aseguró que, aunque el documento incorpora una disminución relativa del gasto de funcionamiento, el país seguirá enfrentando dificultades para realizar un ajuste estructural mientras permanezcan vigentes las normas que establecen incrementos automáticos de salarios y escalafones.
«Las normas rígidas impiden un verdadero ajuste»
Jiménez explicó que el presupuesto es el reflejo de los ingresos que estima recaudar el Estado y de la manera en que esos recursos se distribuyen para atender las necesidades sociales, impulsar la actividad económica y cumplir con las obligaciones financieras del país.
Sin embargo, advirtió que la reducción del gasto de funcionamiento de 4.9 % pierde fuerza al mantenerse la planilla del Gobierno Central por encima de los 5,084 millones de dólares.
La dirigente empresarial sostuvo que las leyes especiales representan 340 millones de dólares adicionales en escalafones y aumentos automáticos, una carga que limita la capacidad del Estado para disminuir el gasto corriente.
«Mientras no se reformen estas normativas rígidas será muy difícil lograr un ajuste estructural más profundo sin afectar la paz social», manifestó.
Jiménez destacó que el país necesita revisar este tipo de disposiciones para garantizar un manejo más eficiente de los recursos públicos sin comprometer los servicios esenciales.
El peso de la deuda reduce el margen fiscal
Otro de los aspectos que preocupa al gremio empresarial es el elevado costo del endeudamiento del Estado.
El presupuesto contempla 6,355 millones de dólares destinados a nueva deuda o refinanciamiento, mientras que el servicio de la deuda asciende a 5,496 millones de dólares.
De esa cifra, 3,062 millones corresponden únicamente al pago de intereses, sin reducir el capital adeudado, situación que, según Jiménez, limita el espacio fiscal para financiar nuevas inversiones.
La presidenta de Fedecámaras señaló además que la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch mantiene elevado el costo de financiamiento del país, incrementando la presión sobre las finanzas públicas.
Indicó que este escenario obliga al Estado a manejar con mayor prudencia el gasto y priorizar inversiones que generen crecimiento económico.
Más inversión para mover la economía
Jiménez valoró positivamente que el presupuesto destine 12,564 millones de dólares a inversiones, de los cuales 7,065 millones serán para infraestructura y obras físicas, mientras que 5,499 millones corresponden a inversiones financieras, entre ellas transferencias a la banca estatal y a la Caja de Seguro Social.
No obstante, insistió en que Panamá necesita apostar aún más por la inversión pública productiva, ya que esta tiene un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica.
Explicó que, bajo la estructura económica panameña, el Estado continúa siendo el principal dinamizador de la economía, mientras el sector privado mantiene una participación menor, una realidad que, a su juicio, debe cambiar.
«La inversión pública ayuda, pero quienes realmente impulsan el crecimiento sostenido son las empresas privadas y todo el tejido productivo del país», afirmó.
Jiménez señaló que el Gobierno debe enfocar parte importante de sus esfuerzos en transformar los sectores productivos, especialmente el agro, para aumentar la producción nacional, generar excedentes exportables y aprovechar los tratados de libre comercio.
También indicó que las proyecciones oficiales de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4 % son alcanzables, siempre que se dinamice el crédito al sector privado, se agilicen los trámites para nuevas inversiones y se fortalezca la confianza de los inversionistas.
A juicio de Fedecámaras, el sector público, por sí solo, no podrá sostener el crecimiento económico que requiere el país, por lo que será indispensable crear condiciones para que la empresa privada recupere su capacidad de inversión y generación de empleos.
La dirigente concluyó que el presupuesto constituye una oportunidad para impulsar la economía, pero advirtió que, sin reformas a las leyes especiales que incrementan automáticamente el gasto y sin medidas que fortalezcan al sector productivo, Panamá seguirá enfrentando importantes limitaciones para sanear sus finanzas y acelerar su desarrollo económico.