Abogados exigen cierre inmediato de la mina y que el país siga vigilando para que no se extraigan más riquezas
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La salida inmediata del país y la suspensión de todas las operaciones de Minera Panamá, es decir, un cierre inmediato de la mina, es el clamor de diversos sectores de la población, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que la compañía había firmado con el Estado.
El abogado Javier Quiroz presentó una demanda de desacato porque la empresa aún se mantiene realizando trabajos y al parecer no ha cesado sus operaciones.
La empresa debe retirarse de inmediato, y que el gobierno utilice parte del dinero que la compañía pagó para restaurar la zona, recomendó Quiroz.
«Ellos ya deben salir inmediatamente de allí y el gobierno encargarse de reforestar los terrenos devastados producto de los trabajos de minería», señaló.
Aseguró que el país y los panameños tienen una herida grande y hay que cerrarla, por lo que la empresa debe abandonar el país de inmediato.
«El pueblo se ha mantenido en el área vigilante porque tiene la sospecha de que ellos quieren seguir saqueando los minerales del país», dijo.
El jurista sostuvo que al parecer el gobierno panameño está protegiendo a la mina, porque han transcurrido varias semanas desde el fallo de la corte y esa empresa no termina de abandonar la zona.
Quiroz sostiene que en caso de darse un cierre paulatino, debe crearse un cuerpo colegiado que supervise que la mina deje las áreas debidamente restauradas y reforestadas y cerradas para evitar que depredadores entren al lugar y terminen de saquear lo que le pertenece al país.
Por su parte, el abogado Donaldo Sousa piensa que la empresa se mantiene descansando porque cuentan con el respaldo del gobierno, una especie de contubernio entre ambas partes.
«Es falso decir que el cierre inmediato de la mina, pudiera ocasionar una catástrofe ambiental, porque los problemas que se presenten, se pueden ir solucionando», explicó.
A juicio de Sousa, se está tratando de vender la idea a la población, de que no se puede cerrar la mina de forma inmediata, posición que rechaza el jurista.
«Hay una sentencia de la Corte que establece que esta mina no debe estar funcionando y eso debe cumplirse», dijo.
En tanto el abogado Jhonny Collins recordó que tras el fallo, de lo que más se habla es de los desempleados, pero Panamá no es un país minero y estas personas se pueden integrar a otros sectores laborales del país.
«El fracaso del gobierno es la incapacidad y la falta de voluntad para generar puestos de trabajo, mas allá del cierre de la mina. Es un gobierno inoperante», destacó.
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Reconoció que el cierre de la mina debe ser de manera ordenada, pero no en el tiempo que la mina pretende, sino que hay que ponerle fecha de cumpleaños.
«Una mina implica transformaciones en el suelo y cambios en el medio ambiente, por lo cual el gobierno debe ser vigilante de que este cierre sea conforme a la necesidad actual», señaló Collins.
El jurista colonense explicó que una catástrofe ambiental solo se puede dar si la mina no hace lo necesario para la rehabilitación del área.
«Esta labor tiene como objetivo principal, hacer que las áreas utilizadas por la operación sean compatibles con un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida», sentenció el letrado.