Autoridades indígenas dan 30 días a gobierno para responder a sus peticiones
Líderes tradicionales de los pueblos originarios de Panamá reclaman al gobierno nacional, a través de sus instituciones como Mi Ambiente, ANATI y el Instituto Geográfico Tommy Guardia, que se respete su derecho a la tierra como se contempla en la constitución nacional y las leyes comarcales como también convenios internacionales.
“Exigimos la titulación de las tierras colectivas como lo establece la ley 72 de 2008, y llevamos décadas de luchar y aún cuando nos asiste el derecho, los trámites de títulos colectivos duermen el sueño eterno y son engavetados, contra los intereses y derechos legales de nuestros pueblos”, indicó Marcelo Guerra, Presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá-COONAPIP.
En tanto Elibardo Membache, Cacique General de Tierras Colectivas Emberá Wounaan, sostuvo que los indigenas son partidarios del diálogo, y están a la espera que el gobierno responda a la queja generalizada de los pueblos originarios y se busque una solución a los problemas planteados, pero no descartan acciones de fuerza si es necesario.
“Nos asiste el derecho a la tierra y las leyes nos amparan, y en ese sentido ya estamos cansados de la desatención del gobierno y dejamos claro hoy que si el gobierno no responde nos veremos en la necesidad de tomar acciones de calle y hasta la toma de oficinas institucionales como ya lo hemos hecho”, aseveró Membache.
Maximiliano Ferrer, Cacique General Guna, advirtió que el problema de invasiones a las tierras indígenas por colonos y campesinos es un problema crónico con consecuencias graves contra los pueblos indígenas y el medio ambiente.
“Nuestros pueblos a nivel nacional no pueden soportar más la violación a nuestros derechos humanos y donde la devastación de nuestros bosques, la tala indiscriminada y la pérdida de nuestras tierras por la invasión foránea, incluso con la complicidad de las autoridades de gobierno llamadas a proteger el medio ambiente y respetar las leyes, nos impulsa a buscar la unidad de todos los pueblos y a defendernos”, señaló Ferrer.
En tanto, Héctor Huertas, abogado de la Coonapip, sostuvo que se han agotado todas las instancias y las instituciones de gobierno no tienen la voluntad de atender y resolver la petición de los indígenas sobre la titulación colectiva de sus tierras.
“Le estamos dando un plazo de 30 días al gobierno para que responda, nos llame a un diálogo responsable y resolver el conflicto, si no hay esa respuesta la coordinadora de pueblos indígenas tomará medidas y acciones de fuerza y se presentarán demandas criminales contra el gobierno y todas las instituciones que no están jugando el rol que le corresponde, y esas acciones legales se presentarán en instancias judiciales nacionales e internacionales”, concluyó Huertas.