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Caso Odebrecht  definirá si los poderosos en Panamá  son intocables  ante  la justicia

Redacción / La Verdad Panamá

El caso Odebrecht  es y será la peor prueba para  la justicia panameña, pues al rico y poderoso nunca le pasará nada, porque el  poder político hace buena gala de su relación e influencia  en los  tribunales, coinciden  abogados penalistas  consultados por  La  Verdad Panamá.

Combinar  política con justicia demuestra nuestra falencia, debido a que el funcionario público se alinea conforme el gobierno de turno. En  un país serio, estas fiscales anticorrupción  ya estuvieran afuera e investigadas  por ser   cómplices de que no haya justicia, afirmaron.

El  haber negociado con unos delincuentes demuestra incapacidad y desconocimiento completo del sistema, siendo lo peor para la administración de  justicia, que jueces y fiscales sean temerosos y respondan a los llamados del superior.  Los mejores  ejemplos los tenemos con los  dos últimos expresidentes  que se han burlado de todos los panameños, coincidieron.

Para  Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de  Abogados, la credibilidad en la administración justicia es la carta que está en juego ante la comunidad nacional e internacional con el caso Odebrecht.

Aunque las investigaciones representan un caso de alto perfil y de impacto mundial, la complejidad declarada en el mismo expone al ministerio público, y lo obliga a revelar cómo investigo, y lo que hizo durante todo este tiempo.

El Ministerio Público  – según el criterio jurídico de Fraguela- tiene una gran responsabilidad que representa llevar adelante la acción penal, en nombre de la sociedad, y lo que este legítimamente acreditado será lo ponderado por el Órgano Judicial para resolver este caso.

Las pruebas presentadas y acreditadas en debida forma dentro del expediente, representan la columna vertebral de la vista fiscal, le dará los elementos de valor al juez de las actuaciones desarrolladas para concluir con una condena o una absolución, expresó.

Actualmente hay una posición algo compleja, ya que como el afectado es el Estado panameño, se mal entiende que si el expediente está mal conformado, el Órgano Judicial debe llevar a la condena aunque no se haya probado. Lo cual es totalmente errado, la labor o el rol está descrito en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, uno investiga mientras el otro decide, concluyó Alfonso Fraguela.

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