Caso Odebrecht: octavo día de audiencia entra en el financiamiento político y cuentas en Andorra
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El juicio del caso Odebrecht cumplió este martes 27 de enero su octavo día de audiencia, jornada que concluyó cerca del mediodía y que estuvo marcada por el testimonio de una funcionaria del Tribunal Electoral y de un testigo que explicó la apertura de una cuenta bancaria en el Principado de Andorra, como parte de la línea probatoria del Ministerio Público.
La primera en declarar fue Yara Campos, Directora Ejecutiva del Tribunal Electoral, quien explicó ante el tribunal los mecanismos legales que regulan el financiamiento privado de campañas, los topes permitidos y las prohibiciones establecidas en el Código Electoral.
Campos detalló que la normativa fija límites tanto para candidatos como para donantes, e impide que un solo aportante supere ciertos porcentajes en una campaña.
Señaló que también se regulan las donaciones en dinero, en especie o mediante servicios, las cuales deben ser cuantificadas según su valor comercial y declaradas mediante declaración jurada.
La testigo indicó que los responsables de presentar esa información son los representantes legales de los partidos políticos y, en el caso de los candidatos, ellos mismos a título personal, con el objetivo de verificar que no se excedan los topes ni se incurra en prohibiciones.
Entre las restricciones, Campos explicó que está prohibido recibir donaciones de congregaciones religiosas, de personas naturales o jurídicas condenadas por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o delitos ambientales.
También precisó que la ley busca evitar la injerencia extranjera, prohibiendo aportes de personas jurídicas sin actividad económica en Panamá y donaciones hechas por interpuesta persona, es decir, cuando alguien aporta dinero usando a otro para ocultar su identidad.
Sobre las cuentas bancarias de campaña, la funcionaria indicó que debían abrirse en territorio nacional para permitir la fiscalización del Tribunal Electoral, y que todo movimiento debía ser declarado tras el proceso electoral, labor que hoy ejecuta la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político con auditores especializados, incluso en auditoría forense.
Cuenta en Andorra
Posteriormente declaró el testigo del Ministerio Público Gabriel Alvarado, quien abordó detalles sobre la apertura de una sociedad y una cuenta bancaria en el Principado de Andorra.
Relató que fue contactado por intermediarios vinculados a personas aforadas y que, durante el proceso, sostuvo múltiples reuniones y comunicaciones con Franzes Pérez, de origen español, quien era la persona encargada de explicarle los detalles de la operación.
Según el testigo, Pérez le describía la estructura comercial y los pasos para abrir la cuenta, aunque en varias ocasiones se mostró hermético y evitó responder algunas preguntas sobre el fondo real del negocio y el origen de los recursos.
Alvarado agregó que le solicitaron hoja de vida, información comercial y documentos personales para cumplir con los requisitos del banco, y que posteriormente firmó varios documentos relacionados con la apertura de la sociedad y la cuenta bancaria.
Reconoció que muchos de esos documentos estaban en otros idiomas y que confió en que se trataba de trámites legítimos.
Señaló que la cuenta sería aperturada con fondos privados vinculados a una empresa que formaría parte de la estructura comercial, asociada a operaciones de compra de combustible para embarcaciones.
El testigo sostuvo que no tuvo conocimiento directo de los movimientos de la cuenta y que, tras varias gestiones, le comunicaron que el negocio finalmente no se concretó y que la operación quedó sin ejecutarse.
Contrapunto de la defensa
Durante la jornada, abogados defensores insistieron en que varios de los testimonios buscan contextualizar operaciones financieras sin que ello implique responsabilidad penal directa de los acusados, señalando que la Fiscalía debe probar no solo la existencia de cuentas o sociedades, sino su vinculación real con hechos delictivos.
La defensa ha reiterado en audiencias previas que muchas estructuras comerciales fueron creadas para negocios legítimos y que corresponde al Ministerio Público demostrar el nexo entre esos mecanismos financieros y el supuesto pago de sobornos o lavado de activos atribuidos en el expediente.
Cierre de jornada
La sesión finalizó cerca del mediodía con el avance del interrogatorio del Ministerio Público, que continúa trazando la ruta del dinero, la fiscalización del financiamiento político y el uso de estructuras bancarias fuera del país.
El juicio se reanudará en su novena jornada con nuevas declaraciones para seguir incorporando elementos documentales y testimoniales al expediente del caso Odebrecht.