Defensa de Federico Suárez pide absolución, alega falta de imputación formal y cuestiona pruebas clave en juicio Odebrecht
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
En la recta final del juicio por el caso Odebrecht, la defensa del exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, encabezada por el abogado Rosendo Miranda, solicitó su absolución, alegando graves fallas procesales, debilidad probatoria y la prescripción de la acción penal respecto al único hecho que —según sostienen— se le ha atribuido.
Durante su alegato, la defensa centró su estrategia en cuestionar la ausencia de una resolución formal de indagatoria que detallara los cargos contra su representado.
Argumentó que esta omisión vulnera garantías fundamentales establecidas tanto en la legislación panameña como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la comunicación previa y detallada de la acusación.
Según Miranda, esta falta de precisión impidió estructurar una defensa adecuada, ya que el auto de llamamiento a juicio no guarda congruencia con los hechos originalmente planteados durante la investigación.
Testimonio clave bajo disputa
Uno de los ejes del alegato fue la declaración del colaborador eficaz Mauricio Cort. La defensa sostuvo que su testimonio ha sido interpretado de forma sesgada por el Ministerio Público.
De acuerdo con Miranda, Cort confirmó que los fondos recibidos en cuentas en Andorra correspondían a pagos derivados de una liquidación societaria entre el grupo empresarial de Suárez y el grupo Martinelli, negando así cualquier vínculo con actividades ilícitas.
“El propio colaborador reafirma que existía una relación comercial previa y que los pagos obedecían a acuerdos entre particulares”, planteó la defensa, insistiendo en que esta versión ha sido consistente desde el inicio del proceso.
Ataques al peritaje financiero
El abogado también arremetió contra el informe del perito Antonio Lin, al que calificó de “deficiente” y carente de rigor técnico. Señaló inconsistencias en cifras y conclusiones que, a su juicio, comprometen la validez del análisis financiero presentado por la Fiscalía.
Incluso, planteó la posibilidad de que se investigue al perito por la supuesta introducción de datos erróneos en un documento público.
Debate sobre el delito de blanqueo
En su exposición, la defensa argumentó que no se configura el delito de blanqueo de capitales, al no existir evidencia de dolo específico. Sostuvo que Suárez no tenía control sobre las cuentas donde se recibieron los fondos ni conocimiento de un posible origen ilícito del dinero.
Además, enfatizó que el tipo penal exige no solo la recepción de fondos, sino la intención de ocultar su origen ilegal, elemento que según la defensa no ha sido probado.
Prescripción y medidas económicas
Miranda también solicitó declarar prescrita la acción penal, indicando que la única transacción atribuida a su cliente data de octubre de 2010, mientras que el llamamiento a juicio se produjo en noviembre de 2022.
Adicionalmente, pidió el levantamiento de la fianza de 1.5 millones de dólares impuesta a Suárez desde 2017, alegando que ha cumplido con todas las medidas y que no existe riesgo de fuga.
Oposición al resarcimiento civil
La defensa rechazó la solicitud de resarcimiento económico presentada por el Ministerio Público y la querella, argumentando que no se ha demostrado un daño concreto al Estado atribuible a su representado.
Otros alegatos de la jornada
En la misma audiencia, la defensa de Aurora Moradas también cuestionó la validez de las pruebas digitales aportadas por la Fiscalía, alegando irregularidades en su manejo y presentación.
Tras más de dos horas de intervenciones, el tribunal decretó un receso de 10 minutos antes de continuar con los alegatos de las demás defensas.
El proceso entra así en su fase decisiva, con un intenso debate sobre la solidez de las pruebas y el respeto a las garantías procesales.