Judiciales

Defensas denuncian violaciones al debido proceso y chocan con el tribunal en juicio Odebrecht

Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá

La audiencia de este miércoles en el caso Odebrecht dejó fuertes cuestionamientos de las defensas contra el Ministerio Público, centrados en supuestas violaciones al debido proceso, uso de pruebas ilícitas, contradicciones en testimonios y debilidad en la teoría del delito.

Uno de los momentos más tensos lo protagonizó el abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, quien solicitó al tribunal acceso a la identidad de un testigo protegido, alegando que mantenerla en reserva vulnera el derecho a la defensa y el principio de contradicción.

Carrillo fue enfático al advertir que “no se puede pretender vincular a una persona mediante declaraciones que la defensa no ha tenido la oportunidad de contradecir”, subrayando que el testigo fue utilizado en el auto de enjuiciamiento sin que se garantizara el equilibrio procesal.

En esa misma línea, sostuvo que “las medidas de protección no pueden menoscabar el derecho a defensa ni el principio de contradicción”, insistiendo en que ocultar la identidad del testigo en estas condiciones coloca a su representado en un estado de indefensión.

El jurista también dejó claro que su solicitud no buscaba vulnerar la ley, sino garantizar un juicio justo: “si ese testigo fue utilizado para sustentar una acusación, la defensa tiene derecho a saber quién es y a confrontarlo”, afirmó ante el tribunal.

Sin embargo, la petición fue rechazada. El tribunal respaldó la postura del Ministerio Público y reiteró que la ley obliga a preservar la identidad de los testigos protegidos. La jueza indicó que dicho testimonio será valorado conforme a las reglas de la sana crítica, sin que ello implique revelar la identidad del declarante.

En paralelo, otras defensas arremetieron contra la validez de las pruebas, señalando que parte del expediente estaría contaminado por evidencia obtenida en violación de derechos fundamentales.

Incluso citaron decisiones del Supremo Tribunal Federal que prohíben el uso de este tipo de pruebas, insistiendo en la aplicación de la teoría del “árbol envenenado”, lo que obligaría a excluir elementos clave del proceso.

También se cuestionó la incorporación tardía de nombres y hechos que, según los abogados, no formaban parte ni de la indagatoria ni de la acusación original, lo que generaría un escenario de indefensión al modificar la teoría del caso en plena etapa de juicio.

La defensa de Juan Antonio Niño Pulgar fue más allá y pidió la nulidad del proceso, alegando que ya existía un acuerdo de colaboración eficaz firmado por la constructora en 2017, validado judicialmente, cuyos efectos deben extenderse a su representado bajo el principio de cosa juzgada y el “non bis in ídem”.

En ese contexto, también destacaron que el Ministerio de Seguridad habría reconocido la inexistencia de elementos que vinculen a Niño Pulgar con el delito de blanqueo de capitales, además de renunciar a la acción civil en su contra.

Por su parte, el abogado Eduardo González, en representación de Francés Javier Pérez Jiménez, sostuvo que la Fiscalía no ha logrado individualizar conductas ni probar la participación concreta de su cliente en el delito.

Señaló que se ha intentado construir una responsabilidad difusa, mezclando hechos y acusados sin precisar el rol específico de cada uno.

González enfatizó que su defendido era un empleado del Banco Privado de Andorra sin capacidad de decisión sobre las operaciones cuestionadas y que no figura como beneficiario de sociedades ni receptor de fondos ilícitos.

A lo largo de la jornada, las defensas coincidieron en denunciar contradicciones en declaraciones de testigos y colaboradores, así como la aparición tardía de señalamientos que no fueron mencionados en etapas iniciales del proceso.

El juicio entra ahora en su fase final de alegatos, con varias solicitudes de absolución sobre la mesa y un tribunal que deberá decidir entre versiones completamente opuestas de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.