Denuncian a alcalde Mayer Mizrachi por posible conflicto de intereses
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado y analista político Guillermo Cochez presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, por un posible conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo, relacionado con donaciones de campaña y posteriores decisiones administrativas que, a juicio del denunciante, comprometen la imparcialidad del funcionario.
La denuncia, basada en la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula los conflictos de intereses en la función pública, detalla que Mizrachi recibió significativas donaciones durante su campaña electoral por parte de Benjamin Méndez Kardonski, tanto a título personal como en representación de la empresa Bernadette Limited, la cual, según Cochez, no aparece registrada en el Registro Público de Panamá.
De acuerdo con los documentos entregados al Tribunal Electoral, Kardonski aportó un total de 30,500 doláres a la campaña del hoy alcalde, distribuidos entre aportes personales y a través de la mencionada empresa.
Lo que levanta sospechas, según la denuncia, es que después de asumir el cargo, Mizrachi solicitó al Concejo Municipal autorización para suscribir un acuerdo con las empresas Towerbank International Inc. y Towertrust Inc., presididas y representadas legalmente por el mismo Méndez Kardonski.
Este acuerdo, aprobado el 15 de abril de 2025, permitiría el uso de criptomonedas como mecanismo de pago de tributos municipales, a pesar de no existir una legislación vigente que regule su aplicación en el sector público panameño.
Cochez señala que el alcalde nunca informó al Concejo Municipal sobre el vínculo económico con el representante de las entidades con las que deseaba establecer el acuerdo, lo que representa un claro caso de conflicto de intereses.
“Hay una falta de transparencia y de imparcialidad evidente. La ley es clara: cuando los intereses personales o de terceros cercanos al funcionario pueden influir en sus decisiones públicas, se configura un conflicto de intereses”, enfatizó el denunciante.
En la denuncia también se solicita que la ANTAI oficie al Tribunal Electoral para obtener copia autenticada de la Declaración Jurada de Ingresos y Gastos de la campaña de Mizrachi, y que se verifique si en su declaración de conflicto de interés ante la propia ANTAI incluyó a Kardoski como donante.
Cochez también plantea que este caso puede convertirse en un peligroso precedente si no se actúa con diligencia. “De nada sirve tener leyes modernas contra el conflicto de intereses si no se aplican. Un donante no puede convertirse en socio comercial del Estado mediante favores posteriores”, expresó.
Además, recordó que los alcaldes están entre los funcionarios obligados por la Ley 316 a evitar cualquier situación que ponga en riesgo la neutralidad de sus funciones, al igual que ministros, directores de entidades autónomas y otros altos cargos públicos.
La denuncia está actualmente en manos de la ANTAI, y se espera que se inicie una investigación para esclarecer los hechos y determinar si, en efecto, el alcalde Mizrachi incurrió en alguna falta ética o legal en el ejercicio de sus funciones.