Elección del nuevo Defensor del Pueblo despierta expectativas y críticas sobre su independencia
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La apertura del proceso para escoger al nuevo Defensor del Pueblo en Panamá ha generado expectativas en el ámbito jurídico, pero también advertencias sobre la necesidad de que la institución mantenga verdadera independencia frente al poder político.
El abogado penalista, Víctor Chan Castillo considera que la elección del nuevo Defensor del Pueblo debe enfocarse en seleccionar a una persona con credibilidad, vocación de servicio y compromiso real con los problemas sociales del país.
Chan Castillo señaló que el funcionario que ocupe el cargo tendrá que enfrentar desafíos importantes relacionados con derechos básicos como el acceso al agua, la educación y la atención médica.
“El defensor del pueblo tiene que velar por los derechos fundamentales de la población, especialmente de quienes viven en condiciones más difíciles”, expresó.
El jurista mencionó como ejemplo la situación que enfrentan algunas comunidades del interior del país que han denunciado durante meses la falta de agua potable, lo que evidencia la necesidad de una institución que actúe con firmeza en defensa de los ciudadanos.
También subrayó que la credibilidad personal de quien ocupe el cargo será determinante para el impacto de su gestión.
“La credibilidad del defensor es clave, porque su historia y su trayectoria son lo que proyectan confianza ante la sociedad”, indicó.
En su opinión, el país necesita un funcionario independiente que esté comprometido con servir a la población y no con intereses particulares.
“El defensor del pueblo debe ser un funcionario con profesionalismo, honorabilidad, credibilidad y vocación de servicio, que realmente pelee por los derechos de la gente”, concluyó.
Por su parte, el abogado y exdiplomático Guillermo Cochez sostiene que el país necesita una figura honesta y alejada de los intereses partidistas para ocupar el cargo.
A su juicio, el actual defensor, Eduardo Leblanc González, ha realizado un buen trabajo al frente de la institución encargada de velar por los derechos humanos.
“Si es él nuevamente, en hora buena”, expresó Cochez, aunque subrayó que quien ocupe el cargo debe estar dispuesto a dedicar todos sus esfuerzos a la defensa de los sectores más vulnerables.
“El defensor del pueblo debe ser una persona honesta, ajena a los gobernantes de turno y a cualquier partido político, dispuesto a quemarse las pestañas defendiendo los derechos de los que menos tienen”, manifestó.
El jurista también fue enfático en señalar que la función del Defensor del Pueblo no es proteger intereses gubernamentales ni particulares.
“El defensor del pueblo no está para defender al gobierno de turno ni intereses privados”, recalcó.
Limitaciones de la institución
Para el abogado constitucionalista Marco Antonio Austin, la apertura del proceso genera expectativas porque permite que distintos aspirantes presenten su visión jurídica sobre el papel de la institución.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas de la Defensoría del Pueblo es que la ley le otorga facultades limitadas para hacer cumplir sus recomendaciones.
“La Defensoría emite recomendaciones o notas, pero muchas instituciones públicas simplemente no las acatan”, explicó.
Una elección con trasfondo político
Austin también sostuvo que históricamente la elección del Defensor del Pueblo ha tenido un fuerte componente político, debido a que el nombramiento depende de la Asamblea Nacional de Panamá.
“Siempre ha sido una elección política porque la realiza la Asamblea y los partidos buscan mantener cuotas de poder dentro de las instituciones”, señaló.
El constitucionalista también expresó preocupación por el estado de los derechos humanos en el país y recordó las observaciones formuladas a Panamá por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Austin, en teoría el Defensor del Pueblo debe ser una figura independiente, pero en la práctica esa independencia muchas veces se ve condicionada por los padrinazgos políticos que existen dentro de las instituciones del Estado.
El proceso de elección
Las declaraciones de ambos juristas surgen luego de que el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobara una resolución que establece el reglamento para la elección y nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, tomando en cuenta que el actual período del titular de la institución concluye el próximo 31 de marzo.
El proceso iniciará en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, instancia que tendrá la responsabilidad de abrir la convocatoria, recibir la documentación de los aspirantes y realizar las entrevistas a los interesados en ocupar el cargo.
Posteriormente, la comisión deberá remitir al pleno legislativo la lista de candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.
La directiva de la Asamblea determinará la fecha de la sesión en la que se realizará la elección, en la cual los diputados podrán postular candidatos de la lista presentada, sustentar su posición y posteriormente proceder a la votación.
La persona escogida será proclamada en la misma sesión mediante decreto de nombramiento firmado por el presidente y el secretario general del Legislativo y juramentada inmediatamente para ejercer el cargo.