Formación de abogados enciende debate por poca calidad y modelo educativo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El debate sobre la calidad de la educación superior en Panamá, particularmente en la carrera de Derecho, sube de tono tras las recientes declaraciones de la ministra de Educación, quien advirtió sobre la proliferación de abogados formados en universidades privadas durante la última década.
A raíz de ese señalamiento, figuras del ámbito jurídico han salido a respaldar y endurecer el cuestionamiento, alertando que el problema no es solo la cantidad de profesionales en el mercado, sino la calidad con la que están egresando.
El abogado y exdiputado Guillermo Cochez sostuvo que la formación de juristas en el país “se ha convertido en un negocio”, coincidiendo con la postura de la titular de Educación.
A su juicio, la expansión de ofertas académicas, en muchos casos sin los debidos estándares, ha impactado directamente el nivel profesional.
“Yo me gradué en la Universidad de Panamá hace más de treinta años y la calidad era sumamente superior a lo que vemos hoy. Ahora hay carreras que se pueden hacer en tres o cuatro años, incluso virtuales, y eso incide en la formación del abogado”, expresó.
Cochez también apuntó a un problema estructural más profundo: la debilidad en la educación previa. Según explicó, muchos estudiantes llegan a la universidad con vacíos formativos que luego se reflejan en el ejercicio profesional.
“Ese abogado no está formado como ser humano ni académicamente, porque la educación viene muy mal desde los colegios secundarios”, advirtió.
Por su parte, el abogado Marco Austin, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, elevó el tono al señalar que en Panamá se están graduando abogados “como fábrica de chorizos”, en referencia a la masificación sin control de la carrera.
“Panamá está formando abogados en masa, pero no con calidad. Hay demasiadas universidades de garaje que no están preparando adecuadamente a los estudiantes”, afirmó.
Austin enfatizó que el mercado legal no se regula por la cantidad de profesionales, sino por la calidad de los servicios que ofrecen, advirtiendo que esta situación termina afectando directamente a los ciudadanos que acuden en busca de asesoría jurídica.
“El problema no es cuántos abogados hay, sino cómo están formados. Hoy el cliente puede verse perjudicado por la mala preparación de algunos profesionales”, sostuvo.
En esa línea, planteó la necesidad de retomar mecanismos de control más estrictos sobre la formación en Derecho, incluyendo la revisión de políticas públicas en materia educativa y la posible implementación de filtros como el examen de barra.
“Antes había exigencias como tesis y práctica profesional. Eso se ha ido relajando. El Estado debe buscar una forma de regular esto para garantizar que quien ejerza tenga la preparación adecuada”, agregó.
Por su parte el abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, introdujo un matiz distinto al debate, al señalar que el problema no debe centrarse únicamente en la cantidad de abogados, sino en la calidad de las universidades y, especialmente, de los docentes.
“No es un tema de país, es un tema de centros universitarios. La formación de los abogados está en manos de los profesores y muchas veces esa calidad está en cuestionamiento”, afirmó.
Araúz advirtió que uno de los puntos más sensibles es la baja remuneración de los docentes en universidades privadas, lo que según explicó, termina impactando directamente en la calidad académica.
“Si no hay inversión en profesores de calidad, se produce un debilitamiento en toda la estructura. Muchas veces se prioriza la ganancia sobre la formación”, cuestionó.
El jurista también puso sobre la mesa un debate de mayor alcance al plantear si la educación superior debe seguir operando bajo esquemas lucrativos, señalando que esto podría incluso tener implicaciones constitucionales.
A diferencia de otras voces, Araúz considera que el problema no es necesariamente la cantidad de abogados, sino la visión con la que están siendo formados, y defendió la competencia dentro del mercado legal, siempre que exista calidad.
“Yo no estoy de acuerdo en cerrar la carrera. La competitividad está en que haya muchos, pero todos con capacidad”, sostuvo.
No obstante, coincidió en que existen vacíos importantes, como la eliminación del examen profesional, lo que ha dejado a miles de egresados en incertidumbre para obtener su idoneidad.
“Se creó un vacío enorme. Se vendió como una solución rápida y terminó siendo una ruta más larga”, advirtió.
Un mercado saturado y bajo sospecha
Las declaraciones se dan en un contexto donde el número de abogados en Panamá ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsado por la apertura de nuevas universidades y programas académicos, muchos de ellos cuestionados por su rigurosidad.
Para sectores del gremio, esta expansión ha generado una sobreoferta de profesionales que compiten en un mercado cada vez más saturado, lo que también incide en la precarización de honorarios y en la percepción de la profesión.
A esto se suma la eliminación o flexibilización de algunos requisitos académicos que anteriormente servían como filtro de calidad, lo que ha encendido las alarmas dentro de la comunidad jurídica.
La pelota queda en la cancha del Estado
Tanto Cochez como Austin coinciden en que el país necesita abrir una discusión seria sobre el modelo de formación de abogados, en la que participen autoridades, universidades y gremios profesionales.
El desafío, advierten, no solo pasa por limitar la cantidad de egresados, sino por garantizar estándares mínimos de calidad que protejan al usuario del sistema de justicia.