Querellante del Estado busca acabar con el ciclo de impunidad; para otros se corre el peligro de una justicia selectiva
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El anuncio de que ya está en marcha la oficina del querellante del Estado, encargada de dar seguimiento a los casos de alto perfil, ha levantado reacciones diversas en los círculos jurídicos.
Tres reconocidos abogados, Roberto Moreno, Guillermo Cochez y Marco Austin, coincidieron en que la intención es buena, pero advierten que el tema hay que mirarlo con lupa.
Roberto Moreno: “El Estado tiene derecho a querellarse, pero el riesgo es el uso selectivo”
El exfiscal Roberto Moreno recordó que la figura del querellante no es nueva, sino que está amparada en el artículo 80 del Código Procesal Penal, que otorga a toda víctima, incluido el Estado, el derecho de intervenir en el proceso penal.
“Hasta ahora, las instituciones usaban abogados sin experiencia penal o contrataban externos. La corrupción es un cáncer que debe extirparse con urgencia, pero el reto está en que esta figura no se use con sesgo político”, advirtió.
Moreno destacó que la eficacia dependerá de cómo se coordinen los esfuerzos institucionales, y lanzó una advertencia:
“En el pasado reciente, algunos sintieron que la querella se usó como arma. Habrá que ver si esta vez la justicia no se disfraza de persecución.”
Guillermo Cochez: “Esto no es una procuraduría paralela, es una medida moderna”
Más optimista fue el analista y exembajador Guillermo Cochez, quien considera que la oficina impulsada por el presidente José Raúl Mulino busca cerrar el ciclo de impunidad que ha permitido que muchos casos se enfríen.
“No se trata de crear un Ministerio Público alterno. Es simplemente dar seguimiento real a las querellas que los ministerios ya han presentado. Muchas veces los expedientes se pierden en el olvido, y eso es lo que hay que evitar.”
Cochez calificó la medida como una decisión moderna y lógica, dirigida a que los casos de corrupción tengan continuidad procesal.
“Exageran quienes hablan de una fiscalía paralela. Esto no es persecución, es vigilancia activa de los procesos.”
Marco Austin: “No hacía falta una oficina más
El abogado Marco Austin, por su parte, no comparte el entusiasmo. Para él, el Estado ya cuenta con abogados en cada entidad que podrían asumir esa función sin necesidad de nuevas estructuras.
“Crear una oficina adicional es gastar más dinero. Si de verdad se quiere acabar con la impunidad, hay que hacer que los poderosos le teman a la ley, no crear otra burocracia”, sostuvo.
Austin, sin embargo, coincidió en que si la oficina logra resultados concretos, podría ser útil.
“Si sirve para recuperar lo robado, bienvenida sea. Pero lo que necesitamos no son anuncios, sino acciones.”
Una figura con aplausos, dudas y advertencias
Las reacciones reflejan una línea divisoria que obliga a mirar con cautela el tema.
Para unos, el “querellante del Estado” representa una herramienta moderna para cuidar los intereses públicos; para otros, un riesgo de duplicar funciones y abrir espacio a discrecionalidad política.
La iniciativa, que busca dar seguimiento judicial a casos emblemáticos de corrupción, se estrena con aplausos moderados, cejas levantadas y una pregunta importante.